Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha interpuesto una demanda contra la administración Trump por lo que consideran un recorte ilegal y abrupto de miles de millones de dólares en fondos esenciales para la salud pública.
El recorte, anunciado el 24 de marzo por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS), implica la eliminación de más de $11,000 millones de dólares destinados a iniciativas críticas en salud pública, salud mental y tratamiento de adicciones.
Los fiscales generales argumentan que estos recortes repentinos no solo violan la ley federal, sino que también amenazan gravemente la salud pública en todo el país, informó la Oficina del Fiscal General del estado de Nueva York.
“La decisión ilegal e irresponsable de la administración Trump de recortar fondos vitales para la salud atenta contra el bienestar de millones de estadounidenses”, declaró James, quien encabeza una coalición que busca que el tribunal impida inmediatamente la rescisión de estos fondos para evitar un colapso en los servicios esenciales.
¿Qué advierte la demanda?
La demanda destaca que si no se restablecen los fondos eliminados, se verán obligados a desmantelar programas que han sido fundamentales durante la pandemia, lo que resultaría en la pérdida del empleo para miles de profesionales del sector salud.
Los recortes incluyen $11,400 millones de dólares asignados por el Congreso para preparación ante pandemias y prevención de sobredosis, así como $1,000 millones destinados al tratamiento de adicciones y prevención del suicidio.
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Asimismo, los fiscales advierten que esta revocación podría daños irreparables a las comunidades, y afectar programas que ofrecen servicios críticos como tratamiento asistido con medicamentos, así como atención comunitaria en salud mental justo cuando el país enfrenta una crisis sin precedentes en estas áreas.
La demanda además argumenta que el HHS carece del poder legal para rescindir unilateralmente los fondos ya asignados, especialmente cuando estos son parte integral del compromiso federal hacia los estados.
Los fiscales generales afirman que esta acción no solo socava los esfuerzos estatales por mantener servicios críticos, sino que también infringe sobre las prerrogativas constitucionales del Congreso respecto al gasto federal.
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