China criticó este sábado la decisión anunciada por Estados Unidos de retirar el visado a “múltiples” funcionarios de Hong Kong a los que acusa de “intensificar la represión de los derechos y libertades” en la antigua colonia británica.
En un comunicado, la Oficina del Comisionado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en Hong Kong calificó la postura del Departamento de Estado estadounidense de “intento de engañar al mundo” y aseguró que el informe en el que se sustenta la decisión “debería haber sido tirado a la basura de la historia”.
En un comunicado firmado por el secretario de Estado, Antony Blinken, el Departamento informó de estas sanciones, aunque no detalló el número de funcionarios afectados por la medida.
Washington acusó a China de seguir tomando en 2023 “medidas contra el alto grado de autonomía, instituciones democráticas y derechos y libertades prometidos a Hong Kong”.
Esto incluye la reciente promulgación por parte de las autoridades de Hong Kong de la legislación en virtud del artículo 23 de la Ley Básica, que, según Blinken, “contiene disposiciones amplias y vagamente definidas sobre sedición, secretos de Estado e interacciones con entidades extranjeras” y que “podrían usarse para eliminar la disidencia”.
En respuesta, Pekín manifestó su “firme oposición y fuerte condena” y aseguró que tanto el informe como las sanciones anunciadas suponen una “intromisión flagrante en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China”, acusando asimismo a Washington de “actuar como el policía del mundo” y de “fomentar a la fuerza divisiones donde no las hay”.
Penas hasta de cadena perpetua
El pasado enero, el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, anunció un plan para promulgar una ley basada en el artículo 23 de la Ley Fundamental de la ciudad, con la que prevé ampliar sus competencias jurídicas para sofocar la disidencia a raíz de las movilizaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en 2019.
Este texto, que entró en vigor la semana pasada tan solo cuatro días después de su aprobación, tipifica una serie de delitos que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse y connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.
El nuevo texto es independiente de la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín, aprobada en junio de 2020 tras meses de protestas y disturbios en favor de la democracia, en la que se tipifican como delitos la secesión, la subversión, la connivencia con el extranjero y el terrorismo.
Anteriormente, en 2003, hubo un intento de promulgar esta misma normativa, pero quedó en suspenso tras una movilización a la que se calcula que asistieron cientos de miles de residentes.
Desde la devolución de Hong Kong a China por parte del Gobierno británico en 1997, el territorio ha sido gobernado bajo el principio de ‘un país, dos sistemas’, que garantiza la separación de las estructuras jurídicas y judiciales de la parte china continental.
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