SANTIAGO DE CHILE – El Gobierno chileno lamentó este domingo “el exilio forzado” del líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, y rechazó “categóricamente la persecución, hostigamiento y violencia política de la que fue objeto”, indicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El Gobierno de Chile condena cualquier forma de represión en contra de los opositores del régimen dictatorial en Venezuela y reitera el llamado a que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas”, agregó la breve nota difundida por la Cancillería.
González Urrutia llegó este domingo a España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez le concederá asilo por sufrir persecución política y judicial tras los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Nicolás Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Gobierno chileno del progresista Gabriel Boric y otros líderes internacionales han reclamado en varias ocasiones que Maduro exponga públicamente las actas electorales para poder reconocer el resultado electoral. Sin embargo, el mandatario venezolano se negó a ello.
Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, Boric ha sido una de las voces más duras en la región contra el presidente venezolano, una postura que ha ido intensificando con el tiempo hasta calificar al régimen de Maduro de “dictadura”, marcando amplias distancias con otros líderes progresistas latinoamericanos, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro.
Su posición, además, ha abierto un cisma en la coalición con la que gobierna, integrada en puestos clave del Ejecutivo por el Partido Comunista, luego de que la formación se resista a calificar a Maduro de dictador y llamara a “abstenerse” de fomentar “un clima de confrontación” en el país caribeño.
Las relaciones entre Chile y Venezuela pasan por un momento complicado, además, por varios impases diplomáticos relacionados con la penetración del crimen organizado y la gestión de la seguridad entre ambos países.
El asilo de González Urrutia llega luego de que la Fiscalía calificara como “falsas” las actas electorales que su coalición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), subió a una página web y que, según el bloque opositor, le otorgaban la victoria por un amplio margen.
Como consecuencia de esta publicación y la denuncia de fraude, González Urrutia fue llamado a declarar a la Fiscalía, que lo acusó de “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, entre otros. Al no presentarse, un tribunal emitió una orden de aprehensión en su contra.
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