La Corte Suprema de Chile volvió a ampliar los delitos por los que fue extraditado a Perú el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007, con cinco casos ligados a graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos esterilizaciones forzadas, cometidos durante su Gobierno.
En la resolución, la ministra instructora, Andrea Muñoz Sánchez, consideró que -en los cinco casos acogidos- se cumplen los requisitos para acceder a la ampliación de los cargos por los que se solicita la extradición, contenidos tanto en el tratado suscrito sobre la materia entre Chile y Perú como en las convenciones internacionales de Belém do Pará, CEDAW y el Estatuto de Roma, entre otros.
La magistrada consideró que “existen a lo menos presunciones fundadas o indicios razonables” de que el exmandatario impulsó “una agresiva política de planificación familiar” para aplicar “preferentemente y de manera masiva un sistema de anticoncepción quirúrgica” a mujeres de estratos socioeconómicos bajos, de zonas rurales, o urbanas marginales y de pueblos indígenas, “a través de la imposición de metas, cuotas de captación de pacientes, incentivos y sanciones a funcionarios de la salud”.
Según Muñoz, eso se tradujo en “prácticas que pasaron por alto el debido consentimiento informado” de quienes fueron sometidas a estas técnicas, y en “un número elevado de mujeres que perdieron de manera permanente y, en forma no voluntaria, su capacidad reproductiva, sufriendo además muchas de ellas otras lesiones en su integridad física y psíquica, llegando en algunos casos incluso a la muerte”, consigna el fallo.
Se trata de, al menos, la tercera ampliación de delitos en la extradición del expresidente peruano. La primera fue en junio 2017 por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en el llamado caso Pativilca, también cometido por el grupo Colina en 1992; mientras que la segunda se aceptó en enero de 2024 por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, falsedad genérica, conspiración y otros.
Fujimori abandonó en diciembre de 2023 la prisión en la que cumplía 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restableciera el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
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