Nueva York – 35 legisladores federales miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) le pidieron al presidente saliente Joe Biden que le ordene al Buró Federal de Investigaciones (FBI) liberar los archivos clasificados que confirman la persecución a miembros de grupos latinos de derechos civiles entre los años 1960 y 1970 en Estados Unidos y Puerto Rico.
Por medio de una carta liderada por los congresistas Joaquín Castro (Texas) y Jimmy Gómez (California), el grupo cuestiona que el FBI no ha sido responsivo a las solicitudes de las autoridades legislativas.
La misiva del 8 de enero plantea que, contrario al proceder de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), el FBI no ha colaborado con el pedido de las autoridades legislativas.
En específico, los legisladores exponen que, el 11 de marzo pasado, Castro y Gómez le solicitaron al director de la CIA, William J. Burns, y al del FBI, Christopher A. Wray, que recolectaran e hicieran público el material relacionado con la vigilancia a las actividades de miembros del movimiento latino de derechos civiles siguiendo cualquier revisión de clasificación requerida de esos materiales.
Según los suscribientes, en los meses posteriores, Burns y su agencia actuaron de buena fe y le proveyeron regularmente a los miembros del Congreso actualizaciones del progreso en la respuesta a los requerimientos, lo que se tradujo recientemente en la divulgación de 55 documentos relacionados con la vigilancia histórica de latinoamericanos.
Sin embargo, el FBI, por el otro lado, no ha respondido a los pedidos.
“El FBI proveyó un reconocimiento escrito de la solicitud de los miembros el 13 de septiembre, seis meses después de la solicitud inicial. El FBI ni ha provisto una línea del tiempo para la divulgación de cualquier documento y tampoco se ha comprometido para liberar nada nuevo, sino que dirigió a los congresistas a someter una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA). Esto es particularmente preocupante considerando el histórico rol histórico del FBI en la vigilancia de movimientos de derechos civiles, incluyendo los movimientos de derechos civiles latinos”, argumentaron en la carta los legisladores.
“Debido a esta falta de acción por parte del FBI, como miembros del Caucus Hispano del Congreso y a la luz de la importancia histórica sustancial y el interés público en estos materiales, nosotros le solicitamos que dirija a Wray y al FBI para que inmediatamente tomen acciones para identificar y liberar estos históricos archivos para proveer transparencia como la CIA ha hecho”, emplazaron los políticos en referencia a Biden, quien abandona oficialmente el cargo el 20 de enero.
En el documento, los congresistas señalan que los operativos de persecución y vigilancia encabezados por el FBI y la CIA ocurrieron en un periodo esencial de la historia de la nación, marcado por la lucha por la equidad, justicia y reconocimiento de los derechos fundamentales de los estadounidenses.
“Durante ese tiempo, el FBI y la CIA utilizaron su autoridad para inapropiadamente monitorear, infiltrarse y perturbar las actividades pacíficas de los ciudadanos estadounidenses. Mucha de esta vigilancia es un asunto de dominio público a través de reportes de prensa y divulgaciones previas gubernamentales estadounidenses, pero nuestro entendimiento es que muchos documentos de ese periodo permanecen inéditos”, añadieron.
Entre los firmantes de la carta se encuentran cuatro representantes de origen boricua: Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Nellie Pou (NJ-09), Nydia Velázquez (NY-07), y el comisionado residente en Washington, Pablo Hernández.
El resto de los suscribientes fueron los representantes Nanette Barragán, Salud Carbajal, Greg Casar, Lou Correa, Jim Costa, Gil Cisneros, Henry Cuellar, Verónica Escobar, Adriano Espaillat, Maxwell Frost , Jesús “Chuy” García, Robert García, Sylvia García , Vicente González, Raúl M. Grijalva, Teresa Leger Fernández, Sam Liccardo, Robert Menéndez, Delia Ramírez, Emily Randall, Raúl Ruiz, Andrea Salinas, Linda Sánchez, Norma Torres, Lori Trahan, Juan Vargas y Gabe Vásquez.
También firmaron la carta los senadores Alex Padilla y Ben Ray Luján.
¿Qué dicen los documentos desclasificados?
El mes pasado, la CIA desclasificó 55 documentos que evidencian el extenso patrón de vigilancia y supervisión por parte de la CIA, entre los 1960 y los 1980 con la intención de infiltrarse en las actividades de organizaciones estudiantiles, laboristas, Chicanas y pro independentistas en Puerto Rico.
Uno de los documentos, con fecha del 15 de noviembre de 1968, por ejemplo, hace referencia al grupo Black Panters o Partido de las Panteras Negras (BPP) y detalla que una fuente del Gobierno que había suministrado información confiable en el pasado alertó que un estudiante asociado con el Comité de Huelgas Estudiantiles en Ciudad de México, habló en una reunión de la organización el 6 de noviembre en Los Ángeles, California. En esa reunión, según los documentos divulgados, se acordó que estudiantes mexicanos serían enviados a Los Ángeles para ser instruidos en tácticas destructivas, construcción de explosivos y dispositivos caseros incendiarios y el robo de armamento militar.
Otro con fecha del 28 de enero de 1971 expone el calendario de actividades tentativas de miembros del referido grupo en Nueva York; Boston, Massachussets; New Haven, Connecticut; y Chicago, Illinois.
El texto especifica que el líder de las Panteras Negras en Nueva York, Huey P. Newton, participará de un supuesto tour personal y que viajará a las ciudades antes especificadas.
“El va a estar acompañado del jefe de personal de las Panteras, David Hilliard, y el funcionario de Partido Connie Matthews. El se espera que hable en un rally comunitario en in New Haven el 31 Jde enero en apoyo al director de las Panteras encarcelado Bobby Seale”, detalla el documento.
Añaden que el recorrido incluiría sesiones en Princeton y Syracuse, y que Newton estaba intentando un contrato con Yale para varias lecturas por una tarifa de $5,000 dólares.
Las Panteras Negras o Partido de las Panteras Negras (BPP) monitoreaban particularmente las actividades de la Policía contra las comunidades negras en varias ciudades de Estados Unidos y creían en la autodefensa.
Para el 1969, el FBI los declaró una “organización comunista” y “enemiga del gobierno”.
En otro documento de marzo de 1971, se habla de los planes tentativos para manifestaciones conjuntas para conmemorar el tercer aniversario del asesinato del Martin Luther King Jr., prominente líder de la lucha por los derechos civiles, entre el 2 y el 5 de abril.
Southern Christian Leadership Conference, National Welfare Rights Organization, United Farm Workers Organizing Committee y People’s Coalition for Peace and Justice se mencionan como las entidades que se movilizarían de manera masiva en ese periodo.
A Luther King Jr., quien era además un ministro bautista, se le conoce por el discurso “I Have a Dream” (Yo tengo un sueño), en 1963, en el que hablaba de su sueño de que acabara la segregación y el racismo en Estados Unidos.
El activista fue asesinado a tiros el 4 de abril de 1968 en el balcón del Motel Lorraine de Memphis, Tennessee. El atacante fue James Earl Ray, quien había escapado de prisión el año antes.
En otro documento del 13 de agosto de 1973, menciona una solicitud de información concerniente a contactos hostiles de la Organización Obrera Revolucionaria Puertorriqueña o PRRWO, “especialmente su involucramiento con comunistas cubanos o chinos”. El texto a su vez hace referencia a un memo con fecha al 29 de enero de ese año.
El archivo también menciona el Partido Socialista de Puerto Rico y se requiere información sobre contactos y actividades hostiles en el exterior.
En reacción a la divulgación del paquete de 55 documentos, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) circuló un comunicado en el que indican que la noticia confirma la veracidad de las denuncias que por décadas han hecho líderes del independentismo en Puerto Rico.
“Los expedientes ilegales por ideología política (“las carpetas”), las masacres, como las de Río Piedras (1935) y Ponce (1937), los asesinatos políticos, los (as) presos (as) políticos (as) (independentistas), son solo algunas instancias en las cuales los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico pretendieron inactivar, a fuerza de violencia e intimidación, al movimiento independentista. Estas acciones ilícitas tuvieron entre sus efectos criminalizar a un sector político cuya aspiración no es otra que la de lograr nuestra plena soberanía, tomando en nuestras propias manos el control de nuestras decisiones y nuestro destino”, plantearon desde el MINH.
“Llama la atención que, al utilizar a su agencia de espionaje internacional en esta función de vigilancia y persecución contra un sector político puertorriqueño, reconocieron, en la práctica, que Puerto Rico es un tema de política internacional, no uno interno o ‘doméstico’ como suelen argumentar los portavoces de su gobierno con el propósito de desconocer la injerencia del derecho y la comunidad internacional sobre el caso colonial de Puerto Rico”, añaden.
El organismo finaliza el parte de prensa pidiendo a la gobernadora Jenniffer González y a los legisladores en la isla que asuman posición sobre lo divulgado en los archivos.
