Cuatro ciudadanos dominicanos permanecen bajo custodia en Estados Unidos desde el 30 de septiembre, luego de un proceso de extradición coordinado entre autoridades de ambos países con el fin de responder a una investigación federal en curso. Documentos oficiales señalan que esta coordinación permitió el traslado de los involucrados para su presentación ante el sistema judicial estadounidense durante las etapas iniciales del caso.
Las autoridades identificaron a Óscar Manuel Castaños García, de 33 años; Joel José Cruz Rodríguez, conocido como Paflow, de 33; Edward José Puello García, de 45; y Joel Francisco Mathilda León, de 26, señalados como integrantes de una estructura que habría contactado a personas de edad avanzada en territorio estadounidense. Según los informes, dichas comunicaciones se realizaron desde la República Dominicana mediante un mecanismo telefónico que apuntaba a un amplio grupo de adultos mayores.
De acuerdo con la información ofrecida, el grupo compareció ante un tribunal federal en Boston el 1 de octubre de 2025, donde quedó formalmente detenido en espera de juicio. La Fiscalía del Distrito de Massachusetts puntualizó que la presentación inicial se llevó a cabo bajo los protocolos habituales del sistema judicial, con la participación de los acusados y las autoridades encargadas del procedimiento correspondiente.
Los documentos del caso indican que el mecanismo descrito habría operado mediante comunicaciones telefónicas que transmitían información falsa dirigida a inducir a los adultos mayores a entregar recursos económicos. Estos recursos, siempre según la acusación, eran canalizados por intermediarios que participaban en los movimientos financieros asociados al esquema señalado en la investigación federal.
El expediente sostiene que la estructura habría sido dirigida por Castaños García desde territorio dominicano, mientras otros colaboradores efectuaban transferencias, depósitos y entregas de fondos en Estados Unidos. Dichas maniobras incluían la participación de personas ubicadas en áreas como Nueva York, así como en distintos puntos considerados estratégicos por la acusación durante la recopilación de información.
Las imputaciones presentadas incluyen un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, cuyas sanciones pueden alcanzar hasta 20 años de privación de libertad, tres años de supervisión y multas superiores a 250 000 dólares. Además, se agrega un cargo de conspiración para el lavado de dinero, infracción que contempla penas máximas de 20 años y sanciones económicas que pueden llegar a 500 000 dólares o el doble del monto involucrado.
La Fiscalía sostiene que la estructura utilizaba intermediarios para realizar movimientos financieros destinados a aparentar legitimidad. Sin embargo, los registros bancarios mostraban patrones repetitivos y transacciones que generaron alertas en las instituciones que colaboraron con la investigación federal en Estados Unidos, lo que permitió profundizar en el análisis del mecanismo detectado.
En la República Dominicana, agencias locales habían identificado esta presunta red bajo la denominación Discovery 3.0, referencia incluida en los informes remitidos a las autoridades estadounidenses como parte del intercambio formal de información. Esa documentación fue utilizada para complementar las diligencias efectuadas en territorio estadounidense.
Tras la extradición, el proceso continúa en Estados Unidos, donde los cuatro acusados permanecerán detenidos mientras avanzan la revisión de pruebas, las audiencias programadas y los procedimientos correspondientes establecidos por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts en el marco del caso.