El caso de Stephora Joseph, niña fallecida en circunstancias lamentables mientras estaba bajo cuidado escolar, continúa generando debate sobre la actuación del Ministerio Público y la protección de los derechos de la familia.
El abogado de la madre, José Lorenzo Fermín, denunció que el Ministerio Público estaría complicando el proceso al enfocar imputaciones en personas con escasa vinculación directa con los hechos que provocaron el fallecimiento de la menor.
Durante la audiencia más reciente, se revisó un recurso de apelación presentado por el MP contra las cuidadoras de Stephora y dos empleados del colegio Leonardo Da Vinci, mientras que no se incluyó a la dirección del colegio ni a los propietarios de la hacienda de los caballos, señalados por posibles incumplimientos normativos.
El tribunal ratificó las medidas cautelares impuestas en primera instancia a tres profesoras, que incluyen garantía económica, impedimento de salida y visitas periódicas, considerando que estas acciones eran proporcionales y necesarias para el proceso.
El abogado José Lorenzo Fermín señaló que el MP estaría buscando dilatar el caso al imputar a personas con limitada responsabilidad directa: “La defensa alegó que la madre de Stephora no ha recibido siquiera las pertenencias de la menor, retenidas por el MP y el colegio, lo que evidencia dificultades administrativas y posibles irregularidades en la gestión del caso.”
La corte destacó que Gisela González no forma parte de la directiva del colegio, no estuvo presente durante el incidente ni manejó evidencias del hecho, por lo que no se le aplicaron medidas coercitivas.
Se informó que el tribunal fijó una nueva audiencia para el 26 de marzo, donde se evaluará la situación de los representantes del colegio y los dueños de la hacienda de caballos, con la expectativa de que se actúe conforme a la evidencia disponible.
La defensa de la familia de Stephora insiste en que las decisiones judiciales deben priorizar la justicia y la protección de los derechos de la madre, evitando que posibles retrasos administrativos afecten la resolución del caso.
El caso ha generado atención sobre posibles fallas en la supervisión institucional y en la actuación del Ministerio Público, abriendo un debate sobre la necesidad de medidas claras en situaciones de presunta negligencia infantil.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**