El Colegio Da Vinci convocó a una reunión de padres tras la pérdida de una estudiante durante una actividad escolar, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos y la gestión institucional.
El 3 de diciembre, la institución envió una circular convocando a los padres para una reunión el 5 de diciembre, informando sobre la trágica pérdida de una estudiante por un resbalón. Se anunció además el cierre adelantado del año escolar, condicionando la entrega de notas al pago de mensualidades, lo que generó preocupación entre los padres por la falta de transparencia.
La comunicación inicial del colegio priorizó los aspectos administrativos, dejando de lado una explicación completa del incidente y evidenciando un manejo orientado a minimizar la gravedad del hecho.
El 6 de diciembre, el Ministerio Público intervino el colegio y sometió a cuatro personas por homicidio involuntario, estableciendo una fianza de 50 millones de pesos mediante compañía aseguradora.
La teoría del caso indica que menores de edad podrían haber estado involucrados, mientras los adultos responsables podrían enfrentar cargos por omisión o supervisión insuficiente durante la actividad. Expertos legales explican que la acusación busca establecer responsabilidad indirecta por la supervisión de los estudiantes, dejando al colegio inicialmente fuera de la acción penal directa.
La investigación señala que la tragedia se originó por inobservancia de medidas de seguridad y falta de personal para supervisar a los estudiantes durante la actividad escolar. Se sugiere que la institución priorizó el ahorro económico sobre la prevención de riesgos, asignando pocos empleados para cuidar a 80 estudiantes, evidenciando fallas en protocolos y formación de personal.
Además, se detectó insuficiente preparación en primeros auxilios y rescate, lo que resalta deficiencias en la gestión y prevención de situaciones de emergencia dentro del colegio.
El colegio coordinó con algunos medios una narrativa que minimizara la percepción de responsabilidad institucional, incentivando a padres a apoyar a los funcionarios sometidos. La cobertura inicial omitió información de adultos vinculados y centró la atención en la víctima menor, reforzando la versión oficial y contribuyendo a la percepción de un encubrimiento parcial.
Analistas señalan que la intervención refleja un patrón de protección al empresariado educativo y a funcionarios públicos vinculados a colegios privados, evidenciando un enfoque institucional más económico que preventivo. El Ministerio de Educación actualizó protocolos de viajes escolares, estableciendo notificación previa, supervisión y medidas de seguridad, aunque críticos consideran que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a los hechos.
La percepción general apunta a decisiones orientadas a conveniencia institucional, dejando en segundo plano la protección y seguridad de los estudiantes durante actividades escolares.
El caso generó alarma entre padres y sociedad civil por la falta de sensibilidad y transparencia, afectando la confianza hacia colegios privados, autoridades educativas y medios de comunicación. Se advierte sobre riesgos de negligencia y exposición de menores a situaciones peligrosas, subrayando la necesidad de rendición de cuentas y fortalecimiento de protocolos de seguridad escolar.
La tragedia evidencia la importancia de supervisión efectiva, responsabilidad civil y penal de funcionarios y atención equitativa a incidentes según el estatus social de los involucrados.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**