Tras establecer el Ministerio Público la vinculación de un hombre con la pérdida de su madre y un hermano, un tribunal de Santo Domingo Este dictó al procesado tres meses de prisión preventiva. A Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años, se le imputa la pérdida de su madre Anatalia Rodríguez (Morena), de 60 años, y de su hermano Pedro Cordero Rodríguez, de 29 años.
El órgano persecutor, representado por el fiscal Tito Oseas González, del Departamento de Litigación Inicial, presentó elementos de prueba que fueron valorados por la jueza Karen Minyety Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, para imponer la medida de coerción.
Cordero Rodríguez es imputado de cometer infracción de los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, que castiga los hechos que causan la pérdida de una persona. El suceso ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre, en medio de un conflicto familiar. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados alrededor de las 8:50 de la mañana en una vivienda ubicada en la calle La Gloria, en la comunidad San Felipe, de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.
El imputado deberá cumplir la medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, en la provincia San Cristóbal. El caso ha generado atención por la gravedad del incidente familiar y la respuesta del sistema judicial para garantizar el debido proceso, evaluando las pruebas presentadas por el Ministerio Público y aplicando las medidas de seguridad correspondientes mientras se desarrolla la investigación.
Los informes judiciales destacan que la decisión de la jueza consideró los elementos de prueba presentados, así como la necesidad de mantener al imputado bajo custodia mientras se clarifican las circunstancias que rodearon la pérdida de los familiares.
El incidente subraya la relevancia de la intervención de las autoridades ante conflictos familiares que derivan en consecuencias graves, asegurando la protección de la comunidad y la correcta aplicación de la justicia conforme al marco legal vigente.
El seguimiento del caso continúa a cargo de las autoridades correspondientes, quienes evaluarán todas las pruebas y testimonios disponibles para determinar responsabilidades y garantizar que el proceso avance dentro de los lineamientos establecidos por la ley.