Santo Domingo. – En agosto del presente año, las calles de la capital dominicana experimentaron un caos inexplicable, con largos taponamientos y vehículos atrapados en intersecciones debido a que múltiples semáforos se apagaron.
Sin embargo, las acusaciones del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), en el caso por corrupción desmantelado en la Operación Camaleón, arrojaron luz sobre lo que ocurrió con la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, en su investigación sobre la Operación Camaleón, destacó que el 8 de noviembre de 2023, el imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, a través de su abogado Carlos Balcácer, solicitó un hábeas corpus que fue rechazado.
Tras la salida del tribunal, Padovani Báez y Aquiles Jiménez ofrecieron declaraciones a la prensa, afirmando que tenían control de la red semafórica. Además, señalaron que al día siguiente apagarían los semáforos, lo que fue interpretado como una amenaza a la seguridad nacional.
Este apagón de semáforos fue considerado como un intento de presión para evitar que los imputados enfrentaran a la justicia.
En el expediente acusatorio se establece que, desde marzo hasta agosto de 2024, la empresa Transcore Latam S.R.L. llevó a cabo instalaciones inconsultas de nuevos reguladores en el sistema semafórico, aumentando su número de 80 a 124. Esto dificultó las labores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Estas instalaciones se realizaron en horarios nocturnos, acompañadas de un cambio en los llavines de las cajas de seguridad. Como resultado, el personal del INTRANT no pudo realizar las reprogramaciones necesarias ni el monitoreo y control remoto de la red semafórica.
Según el Ministerio Público, a partir de agosto de 2024 se comenzaron a presentar interrupciones en los semáforos, afectando el tráfico en intersecciones críticas de la ciudad capital.
En el transcurso de agosto, se reportaron numerosas averías en los semáforos. Una inspección técnica del INTRANT reveló que se habían cambiado reguladores sin autorización, lo que incrementó los reportes de apagones de semáforos.
La auditoría:
La PEPCA establece en la solicitud de medida de coerción del citado caso que, el 26 de agosto de 2024, se presentó una auditoría de la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República, que evidenció irregularidades en el proceso de licitación pública nacional adjudicado a Transcore Latam S.R.L. con el INTRANT.
A raíz de esta auditoría, se intensificaron los reportes de fallas en el tránsito. Se instruyó a Jochi Gómez, representante de Transcore Latam S.R.L., que cesara cualquier nueva instalación, lo que provocó su disgusto. Posteriormente, comunicó a sus técnicos, a través de un chat de WhatsApp, la cancelación de todos los soportes al INTRANT.
El 28 de agosto de 2024, se desactivaron 14 intersecciones con semáforos desde el centro de control de Transcore Latam S.R.L. Esta acción levantó sospechas de un posible sabotaje, ya que el promedio de averías diarias era de 5 a 6.
Para el 29 de agosto, se registraron 42 intersecciones afectadas, lo que llevó al INTRANT a investigar el comportamiento inusual de los semáforos.
Ante la crisis en el sistema de semáforos, el INTRANT formó un equipo técnico con apoyo militar para recuperar el control de la red semafórica del Gran Santo Domingo. La intervención comenzó en un nodo crítico y, al hacerlo, Transcore Latam S.R.L. empezó a apagar otros semáforos.
El 30 de agosto de 2024, se reportaron 69 semáforos apagados o deshabilitados. Los técnicos del INTRANT trabajaron durante 48 horas para restablecer el control manual del sistema.
Según el Ministerio Público, esta situación reveló el caos en las calles y la manipulación de la red semafórica por parte de los involucrados, quienes utilizaron las redes sociales para comunicar sus acciones.