Santo Domingo.– Según declaraciones del comunicador Daniel Alcántara, el caso de Afe Gutiérrez se originó en 2005, cuando un menor quedó sin existencia cerca del negocio familiar. En aquel momento, el expediente fue archivado debido a la falta de elementos que permitieran establecer responsabilidades, dejando el proceso en pausa hasta que surgieran nuevas pruebas o testimonios que pudieran reactivarlo.
De acuerdo con Alcántara, la historia tomó un giro varios años después, cuando Gutiérrez conoció a Sara Pepén, quien trabajaba en Telemicro y, según él, mantenía entonces un vínculo sentimental con Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo Telemicro. Ambos jóvenes coincidieron en ese entorno laboral, comenzaron a acercarse y eventualmente formalizaron una relación, lo que, según la versión del comunicador, influyó en la reactivación del proceso judicial en 2008.
El comunicador sostiene que, tras consolidarse ese vínculo, se reabrió el expediente que colocó a Afe y a su padre como señalados por el suceso ocurrido años atrás. Según su relato, la madre del menor fue persuadida para presentar una acusación directa, mientras su esposo ingresaba a la Policía Nacional en el mismo periodo. Alcántara añade que surgieron testigos que posteriormente afirmaron haber recibido incentivos económicos para declarar en contra de Gutiérrez, señalando que esos aportes, según su versión, provenían de Gómez Díaz, en un contexto influido por la relación previa con Pepén.
Las declaraciones recopiladas por Alcántara indican que estos testimonios sostuvieron un expediente que avanzó durante la gestión del entonces procurador Radamés Jiménez Peña, generando cuestionamientos sobre las actuaciones institucionales. El escenario judicial derivó en dos sentencias consecutivas de 30 años en contra de Gutiérrez, decisiones que luego fueron revocadas por la Corte de Apelación debido a inconsistencias en la prueba presentada.
Según Alcántara, Gutiérrez cumplió 24 meses en el centro penitenciario de La Victoria mientras su defensa agotaba los recursos legales disponibles para llevar el caso a instancias superiores. En 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo descargó de manera definitiva, declarando su inocencia y anulando las decisiones anteriores. Esta sentencia, según el comunicador, se convirtió en un elemento clave para documentar lo que la defensa consideraba irregularidades en todo el proceso judicial.
Años más tarde, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó una resolución que ordena a la Procuraduría General de la República indemnizar a Gutiérrez con 10.9 millones de pesos por concepto de prisión preventiva injusta. Los representantes legales del caso señalaron que esta suma constituye la compensación más alta otorgada en el país por un proceso de esta naturaleza, estableciendo un precedente dentro del derecho administrativo dominicano.
La información proporcionada por Daniel Alcántara concluye que, con la confirmación del resarcimiento económico y la sentencia absolutoria, el expediente quedó cerrado, sin incorporar elementos adicionales que no provengan de sus declaraciones ni de los documentos judiciales citados, cerrando así una etapa prolongada de litigio y asegurando la reparación del afectado por las decisiones judiciales anteriores.
