Donald Trump tiene medio año para que la apertura cubana haya dado pasos significativos: el 3 de noviembre son las elecciones estadounidenses de medio mandato y el electorado de origen cubano es fundamental en unos cuantos distritos de Florida. No es que esa clientela sea … esencial para Trump, pero en un test electoral que no pinta bien para los republicanos y puede complicarle a la Casa Blanca lo que queda de mandato, todo adquiere valor de suma.
Pero para que haya algunos resultados tangibles a inicios de noviembre, existe cierta urgencia de que las cosas en Cuba comiencen a moverse ya. Tras varias semanas de bloqueo de combustible, el Gobierno cubano ha reconocido formalmente haber abierto conversaciones con Washington. Aunque se desconoce en qué términos se están dando las negociaciones, todo indica que La Habana está dispuesta a una cierta apertura económica (de momento, inaugurando el baile, ha aceptado que nacionales en el exterior puedan investir en negocios en la isla), pero no a cambios políticos. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha advertido que esto es insuficiente.
Ni siquiera es suficiente la renuncia del presidente, Miguel Díaz-Canel, ha dicho Rubio. A diferencia de Venezuela, donde Maduro era el tapón para una evolución del régimen, Díaz-Canel no es ninguna pieza determinante para el futuro de la dictadura cubana. Como en Venezuela, la Administración Trump plantea que en Cuba se abra una transición y eso solo puede suceder desde el convencimiento que adquiera alguien con poder real dentro del castrismo de que la única forma de conservar parte de ese poder es propiciando el cambio. Eso es lo que ocurrió con Delcy y Jorge Rodríguez en Caracas, y así podría darse desde el entorno familiar de Raúl Castro (su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro ha sido mencionado como un negociador clave).
El problema para Washington es que a ese tipo de «colaboracionismo» no se llega de manera voluntaria. Y si en Venezuela fue necesaria una acción militar directa –no bastó el despliegue en el Caribe, sin más–, en Cuba puede no bastar con el bloqueo de carburante. La situación es ciertamente insostenible para la población, pero los dictadores no se conmueven con el sufrimiento de los otros y su voluntad política tarda en renunciar a lo que siempre han considero suyo.
Esto último vendría a sugerir que el cambio en Cuba tendrá un comienzo menos espectacular que en Venezuela y que la transición será mucho más lenta, sin que Trump tenga al alcance todo un sector económico como ocurre con el petróleo venezolano. Trump puede aspirar a promocionar un hotel en Varadero, pero el sector turístico no se puede cooptar de igual forma que el de hidrocarburos.
Así que, sin una toma militar de Cuba, los procesos serán largos. Washington cuenta con la ventaja de que ni China ni Rusia van a prestar una ayuda sustancial a la isla (el envío ruso de tanqueros simplemente busca testar qué sólido es el bloqueo estadounidense); por contra, tiene el hándicap de un posible cansancio en la constancia que requiere la presión necesaria para un verdadero cambio de régimen.
Si Trump pierde la mayoría en las dos cámaras del Congreso en noviembre, tendrá menos opciones de ejercer la fuerza. Es verdad que en lo que va de mandato ha usado el poder militar al margen del Capitolio, pero si se ha logrado desembarazar del Legislativo es porque los demócratas no reunían el poder suficiente para fiscalizarle. La presión política sobre Trump puede aumentar después de que en enero tome posesión el nuevo Congreso.
Con todo, en la nueva era geopolítica en la que hemos entrado, el renovado interés de Estados Unidos por su «patio trasero» no es circunstancial; por tanto, el final del castrismo es irreversible. Si a la Administración Trump le sucede una Administración Rubio, seguirá habiendo el mismo ímpetu por engullir a Cuba en el entorno estratégico estadounidense; con un presidente demócrata podrán variar los instrumentos, pero los imperativos geopolíticos serán los mismos.