Por Alejandro Jáquez
No hablo de política con ligereza. Durante años he preferido el silencio antes que contribuir a la polarización que nos consume. En este país opinar se ha vuelto peligroso: si criticas, te etiquetan; si cuestionas, te atacan; si dudas, te expulsan del bando. Pero llega un momento en que callar deja de ser prudencia y se convierte en traición.
Desde el inicio del actual gobierno observé con preocupación una narrativa que fue tomando fuerza: la idea de que todo lo anterior fue corrupción pura, que no hubo matices, que no existieron servidores públicos honestos, técnicos capaces ni empleados que vivían con dignidad de un salario modesto. Esa visión no solo es falsa, es injusta. Y la injusticia, cuando se normaliza, termina pareciéndose demasiado a la perversidad.
La política dominicana se ha degradado hasta convertirse en un ejercicio de demolición moral. El ego de los líderes, disfrazado de superioridad ética, ha terminado por dividir al pueblo. El ciudadano común ya no entiende cuál es su rol; los actores políticos parecen actuar sin brújula; y el bien común quedó reducido a una frase bonita en discursos vacíos. Mientras tanto, la realidad avanza sin misericordia.
Lo que ocurre hoy con SENASA no es un simple problema administrativo ni un asunto técnico. Es una tragedia social. Es una afrenta directa contra los más vulnerables. Jugar con la salud de la gente, con su tranquilidad, con la posibilidad misma de vivir, es un crimen que no admite excusas ni relatos heredados. En cualquier país que se respete, esto tendría consecuencias políticas inmediatas. Pero aquí hemos aprendido a normalizar el desastre, a justificar lo injustificable, a mirar hacia otro lado.
Vivimos en un país moralmente agotado. Caminamos entre ruinas éticas, usando máscaras de corrección mientras toleramos lo intolerable. Aquellos que levantaron las banderas de la moralidad absoluta hoy enfrentan el peso del poder, y la factura empieza a llegar. Sin embargo, el silencio persiste. Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde están todos los demás responsables? ¿Por qué siempre pagan los mismos, mientras otros permanecen intocables, protegidos por el manto de la conveniencia?
El problema no es solo del gobierno ni de un partido. Es un problema social. Nos hemos vuelto expertos en indignarnos selectivamente. Alzamos la voz cuando la injusticia toca nuestra puerta, pero guardamos silencio cuando golpea al vecino. Esa indiferencia es la verdadera raíz de la corrupción. Porque un ladrón no se absuelve señalando a otros ladrones. La miseria moral no se relativiza.
Este país necesita despertar. Necesita ciudadanos que hablen, que cuestionen, que incomoden. Necesita menos fanatismo y más conciencia. La democracia no se sostiene con consignas ni con aplausos ciegos, sino con pensamiento crítico y responsabilidad colectiva.
Hoy no hablar ya no es una opción. Porque el silencio, cuando se normaliza la injusticia, también es una forma de traición.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**