El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la asignación de 35 millones de dólares en fondos estatales para apoyar a inmigrantes indocumentados en medio de la política de deportaciones de la administración Trump. Según un comunicado oficial, estos recursos —aprobados previamente por la legislatura estatal— serán canalizados a través de socios filantrópicos para brindar asistencia alimentaria y otros apoyos básicos a familias inmigrantes. La partida se suma a los fondos ya destinados por el estado para proveer recursos legales a personas en riesgo de deportación.
“Mientras el gobierno federal apunta a familias trabajadoras, California está con ellas, uniendo a socios y financiando a comunidades locales para ayudar a sus vecinos”, declaró Newsom. “La necesidad urgente crece a medida que la Administración Trump acelera la detención masiva, pisotea el debido proceso y financia una aplicación autoritaria con más de 170 mil millones de dólares. Mientras ellos eligen la crueldad y el caos, California elige la comunidad”.
Un portavoz del gobernador señaló que Newsom ha mantenido diálogos con familias inmigrantes y líderes comunitarios sobre la presión migratoria federal. “La gente tiene miedo de salir de sus casas, de ir a la escuela o al trabajo, y no puede pagar los alimentos”, afirmó el portavoz a CalMatters.
La asignación se produce en un contexto de restricciones presupuestarias: la oficina de Newsom anticipa un déficit de 2.900 millones de dólares para el próximo año fiscal, según CalMatters. Cabe recordar que el estado ya limitó este año la atención médica para inmigrantes indocumentados para compensar un déficit mayor del ejercicio anterior.
“Cuando las acciones federales crean miedo e inestabilidad, nuestra responsabilidad es estar presentes para las familias. Esta inversión fortalece a los socios locales que ayudan a acceder a servicios legales y satisfacer necesidades básicas en un momento increíblemente difícil”, expresó Kim Johnson, secretaria de la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California.
La senadora estatal demócrata Lena González, presidenta del Caucus Legislativo Latino de California, afirmó que la financiación demuestra que su partido “continuará solidarizándose con nuestras familias inmigrantes”. “El gobierno federal está librando una guerra contra nuestras comunidades, y no lo vamos a tolerar”, sostuvo González. “Estamos poniendo dinero detrás de un esfuerzo para detener el miedo, la separación familiar y la violación de nuestros derechos básicos”.
En contraste, el asambleísta republicano Carl DeMaio calificó la medida como “absurda”. “Si la Hacienda te auditara y descubriera que debes impuestos atrasados, como ciudadano no podrías pedir un abogado gratuito para luchar contra el gobierno federal”, argumentó DeMaio a CalMatters.
La decisión de California se enmarca en el escenario nacional tras la campaña de Donald Trump, quien prometió una fuerte represión migratoria. En junio, Trump firmó una partida presupuestaria de 170 mil millones de dólares para aplicación de leyes migratorias, detención y deportación, con el objetivo de expulsar hasta un millón de inmigrantes anuales durante cuatro años.
Cabe destacar que los fondos estatales para servicios legales de inmigración no pueden utilizarse para ayudar a personas con condenas por delitos graves o violentos a enfrentar deportaciones, según CalMatters. Las leyes de California no impiden, sin embargo, que las autoridades penitenciarias estatales trasladen a inmigrantes indocumentados con ese tipo de condenas a custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“California nunca guardará silencio ante las redadas migratorias crueles e ilegales de Trump. Enfrentaremos el miedo y la intimidación con coraje y acción”, concluyó el presidente de la Asamblea estatal, el demócrata Robert Rivas.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**