El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de un plan elaborado por militares golpistas para asesinar, por envenenamiento, al entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, según un informe policial desclasificado este martes. El documento ha sido remitido a la Fiscalía General, que decidirá si imputa formalmente al exmandatario y otros 36 implicados.
El magnicidio, previsto para ejecutarse antes de la investidura de Lula, el 1 de enero de 2023, también tenía por objetivo matar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, en la época jefe del Tribunal Superior Electoral y ahora relator de esta causa. Los planes de magnicidio, denominados por los propios golpistas como ‘Operación Puñal Verde Amarillo’, en alusión a los colores de la bandera brasileña, fueron impresos en la sede del palacio de la Presidencia, según dice haber constatado la Policía Federal.
“Las evidencias recogidas indican que Jair Bolsonaro tenía pleno conocimiento de plan operacional, así como de las acciones clandestinas practicadas bajo el apodo ‘Copa 2022″, recoge el informe de la Policía Federal sobre la tentativa del golpe de Estado contra Lula. Diversos documentos obtenidos en la investigación describen “todos los datos necesarios para la ejecución” del magnicidio, que incluía el uso de integrantes de un grupo de élite del Ejército, conocidos como ‘kids pretos’, y armas de guerra contra vehículos blindados.
De acuerdo con el informe, los golpistas habían previsto la posibilidad de “diversas muertes” durante la acción y hasta de los “eventuales militares implicados”. Todo con el objetivo final de “secuestrar y ejecutar” a De Moraes y acabar con la vida de Lula, mediante envenenamiento con un agente químico que le provocara un “colapso orgánico”, y de su compañero de fórmula.
La Policía indica además que el expresidente “planificó” y tuvo control “de forma efectiva y directa” de planes para intentar impedir la investidura del actual mandatario. “Los elementos de prueba obtenidos por la investigación demuestran de forma inequívoca” la actuación de Bolsonaro en esos planes, tejidos tras la victoria de Lula en las urnas en octubre de 2022, dice el informe.
El resumen de la investigación, volcado en 884 páginas, hace un relato del turbulento proceso político desatado en Brasil tras esos comicios. En las elecciones, Lula se impuso a Bolsonaro por un ajusto margen de menos de 2 puntos, en un resultado no reconocido por el líder de la ultraderecha.
Entre los 37 acusados figuran, junto con Bolsonaro, jefes militares activos y de la reserva, exministros, personas de su entorno cercano y hasta Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario. El informe contiene cientos de mensajes intercambiados por los implicados a través de servicios de mensajería, así como audios e imágenes que, según la Policía, sustentan las acusaciones por los presuntos delitos de “abolición violenta del Estado Democrático”, “golpe de Estado” y “asociación ilícita”.
Sobre ese plan específico, el informe dice que “el día 9 de noviembre de 2022, tras elaborar e imprimir el documento” en el Palacio presidencial, el general Mario Fernandes, uno de los implicados, se dirigió a la residencia oficial de la Presidencia, donde estaba Bolsonaro, aunque no precisa si el líder ultra lo recibió.