Agencias;- El mayor bloque opositor de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó este viernes la «irregular situación» alrededor de la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas -bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral-, donde se encuentran refugiados seis antichavistas desde marzo.
«Rechazamos la irregular situación que está ocurriendo en las afueras de la sede de la Embajada de Argentina en Venezuela. Allí se encuentran miembros del comando (de campaña de la PUD) Con Venezuela que han sido perseguidos por (el presidente) Nicolás Maduro», dijo la coalición en la red social X.
Asimismo, exigió el «cese inmediato de esta persecución y el respeto a los tratados internacionales de los que Venezuela forma parte».
Por su parte, el comando Con Venezuela alertó a la comunidad internacional de «una nueva violación a la Convención sobre Asilo Diplomático».
El exdiputado Omar González, uno de los refugiados, publicó en X un video donde señala que «hay numerosas patrullas en los alrededores», así como «decenas» de efectivos «rodeando» la residencia que, además, «está en este momento sin electricidad», mientras «el resto de las urbanizaciones» cuentan con el servicio.
Según el coordinador Internacional del partido Vente Venezuela (VV), Pedro Urruchurtu -también asilado-, los que «rodean» el lugar son agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), así como «funcionarios encapuchados y armados».
A través de X, el partido VV -liderado por María Corina Machado- responsabilizó al presidente, Nicolás Maduro, del «asedio» en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en la capital venezolana.
Además de Urruchurtu y González, se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la PUD.
Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.
A finales de julio, este grupo de opositores denunció que «funcionarios de seguridad del régimen» estaban a las afueras del lugar y buscaban «tomar esta sede diplomática», lo que calificaron como una «grave violación al derecho internacional».
Desde agosto, Brasil se ocupa de la custodia de las sedes diplomáticas de Perú y Argentina en Venezuela, así como de la representación de sus intereses y ciudadanos en el país caribeño, tras la expulsión de los miembros de ambas legaciones.
Además de Perú y Argentina, el Ejecutivo de Nicolás Maduro también exigió a Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay el retiro «inmediato» de sus representantes, en rechazo a sus «injerencistas» declaraciones sobre las presidenciales del 28 de julio, en las que el chavista fue proclamado ganador, lo que cuestiona buena parte de la comunidad internacional.
