WASHINGTON — Las amplias concesiones de clemencia del presidente Biden durante sus últimos días en el cargo generaron preocupación interna en la Casa Blanca y el Departamento de Justicia sobre cómo garantizar la implementación precisa de sus deseos. Correos electrónicos internos, obtenidos en exclusiva por The Post, revelan que no está claro si el propio Biden fue consultado antes del anuncio de miles de indultos.
Los mensajes indican que el 46º presidente aprobó verbalmente las conmutaciones para reclusos encarcelados por delitos relacionados con crack el 11 de enero, pero su firma automatizada no se estampó en tres documentos —que listaban alrededor de 2.500 beneficiarios— hasta la mañana del 17 de enero.
Stef Feldman, entonces secretaria del personal de la Casa Blanca y figura clave en el uso del autopen presidencial, exigió a los abogados de la administración evidencia del consentimiento de Biden antes de autorizar la firma mecánica en uno de los actos de clemencia más extensos en la historia de Estados Unidos.
«Voy a necesitar un correo de [subasistente del presidente] Rosa [Po] en la cadena original confirmando que el P[residente] aprueba los documentos específicos cuando estén listos», escribió Feldman a otros cinco asesores de Biden a las 9:16 p.m.
Seis minutos después, la subasesora jurídica de la Casa Blanca, Tyeesha Dixon, una de las destinatarias, reenvió el mensaje a Michael Posada, jefe de personal de la oficina del consejero presidencial. «Michael, ¿ideas sobre cómo manejar esto?», preguntó Dixon, añadiendo en referencia a los documentos de clemencia: «Él no revisa las órdenes».
Po había indicado previamente en un correo que Biden comunicó a varios funcionarios el 11 de enero su intención de «conmutar las sentencias de aquellos con disparidades por crack en polvo que el DOJ determinó con baja probabilidad de reincidencia, según estándares de la First Step Act».
Si bien no está confirmado si Biden otorgó la aprobación final explícita que Feldman solicitó el 16 de enero, los correos sugieren que los asesores procedieron basándose en la attestación de Po sobre lo que el presidente «pretendía» hacer.
La documentación revisada por The Post no evidencia que los colaboradores hayan contradicho los deseos de Biden, pero sí aporta contexto adicional y nombres de funcionarios involucrados en interpretar la voluntad del entonces mandatario, en medio de investigaciones en curso por el Comité de Supervisión de la Cámara y el Departamento de Justicia.
Los correos también reflejan confusión dentro del Departamento de Justicia sobre la ejecución de las órdenes de Biden. La institución no recibió los nombres de los aproximadamente 2.500 reclusos afectados sino hasta después del anuncio público.
Bradley Weinsheimer, entonces subfiscal general adjunto, expresó el 18 de enero su preocupación a Dixon y Evans por la redacción ambigua de las órdenes de clemencia, que impactaba decenas de casos de mayor gravedad.
Se desconoce si el equipo de la Casa Blanca de Biden, que para entonces ya había iniciado el proceso de desalojo de sus oficinas, llegó a responder alguna de estas inquietudes.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**