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Más de 200.000 salvadoreños que han vivido más de dos décadas en Estados Unidos pueden permanecer legalmente otros 18 meses, informó el viernes el Departamento de Seguridad Nacional en una de las últimas leyes emitidas por el gobierno del presidente Joe Biden sobre política migratoria.
La decisión es la última del gobierno Biden en apoyo del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ha ampliado drásticamente hasta casi 1 millón de personas. El TPS enfrenta un futuro incierto bajo Donald Trump, quien intentó reducir severamente su uso durante su primer mandato.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufrían desastres naturales o conflictos civiles, otorgando a las personas autorización para trabajar en incrementos de hasta 18 meses a la vez.
Alrededor de 1 millón de inmigrantes de 17 países están protegidos por el TPS, incluyendo personas de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Afganistán, Sudán y Líbano. Los salvadoreños son uno de los mayores beneficiarios, ya que ganaron el TPS en 2001 después de los sismos que sacudieron al país centroamericano.
Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, sugirieron que reducirán el uso del TPS y las políticas que otorgan estatus temporal mientras persiguen deportaciones masivas. Durante su primera administración, Trump puso fin al TPS para El Salvador, pero fue demorado en los tribunales.
El dinero que los salvadoreños envían a casa es un apoyo económico importante para el país centroamericano, lo que podría complicar los esfuerzos para terminar el TPS para un aliado de Estados Unidos. Trump ha mantenido relaciones cordiales con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien colaboró estrechamente con él para prevenir la inmigración ilegal a Estados Unidos. Las remesas estadounidenses ascienden a unos 7.500 millones de dólares al año.
Bukele es inmensamente popular, en gran parte debido a que su mano dura en seguridad ha diezmado las pandillas callejeras del país.
En marzo de 2022, las pandillas de El Salvador mataron a 62 personas en horas, lo que llevó a su Congreso a permitir un “estado de excepción” para que Bukele tomara medidas enérgicas, suspendiendo algunos derechos constitucionales y otorgando más poderes policiales. Desde entonces, más de 83.000 personas han sido arrestadas, la mayoría encarceladas sin debido proceso.
El Salvador terminó 2024 con un récord de 114 homicidios. En 2015, reportó 6.656 homicidios, lo que lo convirtió en uno de los países más mortales del mundo.
Para José Palma, un salvadoreño de 48 años que vive en Estados Unidos desde 1998, la extensión significa que aún puede trabajar legalmente en Houston. Él es el único en su familia con estatus temporal; sus cuatro hijos nacieron ciudadanos estadounidenses y su esposa es residente permanente. Si el TPS no se extendiera, podría ser deportado y separado del resto de la familia.
“Me trae paz mental, un respiro. Son 18 meses más de estar protegido”, dijo Palma. “Me ofrece estabilidad”.
Palma, quien trabaja como organizador en una organización de jornaleros, envía unos 400 dólares al mes a su madre de 73 años, quien está jubilada y no tiene ningún ingreso.
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