San Juan, 4 de Abril (EFE).- La Asamblea Legislativa de Bahamas aprobó una legislación antipandillas, por la que los miembros de bandas se enfrentarán a penas de hasta 25 años de prisión.
La ley detalla cómo podría demostrarse la pertenencia a una banda- con pruebas como la ropa, los tatuajes, las marcas corporales, los signos o los códigos que posean las personas.
Asimismo, las autoridades bahameñas determinarán la pertenencia a una banda tras confesiones o indicios de actividades delictivas.
Con la entrada en vigor de esta ley, un agente de policía también puede detener a una persona sin orden judicial si existen “motivos razonables” para creer que la persona es miembro de una banda, líder de una banda o está implicada en actividades de una banda.
El documento legislativo define una “banda” como una combinación de tres o más personas organizadas formal o informalmente y que actúan solas o entre sí en actividades delictivas.
Cualquier persona agraviada por la decisión puede recurrir ante el Tribunal de Apelación en un plazo de 21 días.
Una persona implicada en una actividad relacionada con una banda en Bahamas puede ser castigada con una multa de 100.000 dólares o una pena de cárcel de hasta 25 años.
Además, cualquier miembro de una banda implicado en un acto que provoque una muerte podría ser condenado a cadena perpetua.
A comienzos de año, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, prometió que su administración introduciría la “legislación antipandillas más dura de la historia».
El mandatario alertó de que en el último año, Nueva Providencia (la isla más poblada de Bahamas) fue escenario de asesinatos, muchos de ellos atribuidos a personas que ya se encontraban en libertad bajo fianza por delitos graves o vinculados a bandas.
Según el ‘Estudio de armas de fuego en el Caribe’, el mercado interno de Estados Unidos es una fuente importante de armas de fuego y municiones ilícitas, que son transportadas al Caribe a través de aviones comerciales, servicios postales y de paquetería rápida y compañías de transporte marítimo.
Davis denunció en diciembre de 2023 que el 98,6 % de todas las armas de fuego ilegales recuperadas en su país tienen su origen directo en EE.UU.
