Una deuda valorada en cientos de millones de dólares, una estructura financiera no autorizada y una respuesta urgente del Estado han generado atención internacional sobre la República Dominicana. El origen de esta situación está vinculado al Cartel de Sinaloa, organización dirigida anteriormente por Joaquín “El Chapo” Guzmán, que tendría intereses financieros en el país caribeño.
De acuerdo con fuentes federales, se estima que alrededor de 500 millones de dólares estarían pendientes de cobro por parte de este grupo. Estas sumas estarían relacionadas con operaciones monetarias no reguladas, combinando bancas ilegales, apuestas sin control y lavado de recursos. Desde 2017, se habrían iniciado movimientos para recuperar el dinero, mediante gestiones de abogados con vínculos directos al cartel.
Carlos Rubio, exagente formado en la DEA y el FBI, explicó que esos fondos estarían en manos de ciudadanos dominicanos involucrados en esquemas de apuestas sin autorización. Las operaciones se desarrollan de forma paralela al sistema regulado, lo que permite circular el dinero sin los filtros del Estado. La investigación indica que los recursos monetarios surgen de actividades relacionadas con el microtráfico, y luego se introducen en puntos de venta localizados en zonas de alta densidad poblacional.
El proceso consistía en permitir que jugadores hicieran compras sin restricciones. Las bancas ilegales, estimadas en más de 60 mil en todo el país según gremios del sector, facilitaban la inyección de dinero en efectivo dentro del ecosistema económico. Posteriormente, esos recursos eran convertidos en dólares a través del mercado informal y enviados fuera del país mediante diversas vías, como vuelos comerciales, envíos marítimos o contenedores.
Estos canales de traslado evitaban la inspección oficial debido a fallos en los mecanismos de control estatales. Según las fuentes, la falta de supervisión efectiva permitió que estas transacciones pasaran desapercibidas por años. Frente a esto, se reportó la llegada de dos personas identificadas como “Los Rugrats”, considerados emisarios del cartel. Aunque las autoridades minimizaron su presencia, grabaciones filtradas de episodios en La Vega y otros lugares generaron inquietud por una posible operación más estructurada.
Uno de los aspectos más delicados para los organismos de control ha sido la desconexión entre las bancas ilegales y el sistema “Autotote”, un software utilizado por entidades autorizadas como Leidsa. Al no implementar esta herramienta, las bancas fuera del sistema operan sin control, sin registrar datos de los jugadores ni permitir el seguimiento de transacciones.
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha intensificado su accionar. Tras la salida del entonces ministro de Hacienda, el presidente Luis Abinader propuso con carácter prioritario una ley para ordenar el sector de las apuestas. El objetivo principal es eliminar la permisividad y fortalecer la supervisión estatal sobre todas las bancas existentes.
El proyecto normativo cuenta con el respaldo de funcionarios como Kiko Tabar y Main Díaz. Este plan busca incorporar tanto a bancas formales como informales dentro de un sistema digital de vigilancia en tiempo real. Según estimaciones, su implementación podría permitir al país recuperar hasta mil millones de dólares anuales que actualmente se desvían fuera del circuito fiscal.