Un proceso judicial de gran envergadura se desarrolla actualmente en Estados Unidos, donde cuatro ciudadanos dominicanos, entre ellos Óscar Manuel Castaños García, enfrentan cargos severos tras ser extraditados el pasado 30 de septiembre. La extradición fue resultante de una intensa colaboración entre las autoridades de ambos países, quienes han trabajado estrechamente para llevar a buen término esta operación que busca desmantelar una presunta red de fraude telefónico que ha afectado a un número significativo de adultos mayores en territorio estadounidense.
Los acusados, identificados también como Joel José Cruz Rodríguez, conocido en ciertos círculos como “Paflow”, Edward José Puello García y Joel Francisco Mathilda León, son sindicados por su supuesta participación en un sofisticado esquema de comunicación fraudulenta. Según informes, el grupo habría engañado a personas de la tercera edad, manipulando a sus víctimas para obtener beneficios económicos de manera ilegítima. Informaciones indican que estas acciones se ejecutaron desde la República Dominicana, sofisticadamente orquestadas mediante comunicaciones telefónicas.
En un hecho que ha captado la atención internacional, los implicados comparecieron ante un tribunal federal en Boston el 1 de octubre de 2025, donde el juez dictaminó su detención formal. En la audiencia inicial, las autoridades del Distrito de Massachusetts destacaron la cooperación internacional que posibilitó la presentación de los acusados ante la justicia estadounidense, señalando que este caso forma parte de un esfuerzo mayor para combatir los delitos transfronterizos que afectan a las poblaciones vulnerables.
La acusación sostiene que los implicados operaban bajo una estructura en la que Castaños García desempeñaba un rol de liderazgo desde República Dominicana. La red ejecutaba transferencias y maniobras financieras en distintos estados de Estados Unidos, incluidas áreas urbanas como Nueva York. Estas transacciones despertaron sospechas por su naturaleza repetitiva y aparentemente estructurada, lo que llevó a diversas instituciones financieras a colaborar con las investigaciones y a emitir alertas a las autoridades federales estadounidenses.
El caso involucra acusaciones severas, como conspiración para cometer fraude postal y electrónico, cuyas potenciales sanciones penales incluyen hasta 20 años de prisión, supervisión post-liberación extendida y cuantiosas multas, en algunos casos superando los 250,000 dólares. Además, se contempla un cargo adicional de conspiración para el lavado de dinero, que podría implicar penas de igual dureza, destacándose las severas implicaciones legales que conllevan este tipo de delitos cuando cruzan fronteras internacionales.
El expediente extendido por la Fiscalía destaca el uso de “intermediarios” para legitimar los movimientos financieros, una táctica deliberada cuyo propósito era crear una apariencia de legalidad hacia la comunidad bancaria y las autoridades investigativas. No obstante, la detección de patrones inusuales en las transacciones expuso la sofisticación del esquema y facilitó el avance del caso hacia la esfera judicial.
Esta presunta red ha sido bautizada por las autoridades dominicanas como “Discovery 3.0”, y ha sido mencionada en documentos formales intercambiados con sus homólogos estadounidenses, un paso crucial que ha permitido el robustecimiento de las pruebas en este proceso legal.
Se espera que el proceso continúe con la misma rigurosidad y que los acusados permanezcan en custodia mientras se desarrolle la fase de recopilación de pruebas y las subsecuentes audiencias. La Fiscalía del Distrito de Massachusetts mantiene su compromiso de proporcionar actualizaciones sobre este emblemático caso, destacando su importancia en el marco de la cooperación internacional contra el crimen organizado.
