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Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos civiles presentó este jueves una demanda ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Massachusetts con el fin de anular la orden ejecutiva del 31 de marzo que modifica las normativas del voto por correo, bajo el argumento de que el Ejecutivo carece de facultades constitucionales para intervenir electoralmente.
Entre los demandantes se encuentran la League of Women Voters, la Association of Americans Resident Overseas (AARO), U.S. Vote Foundation y Delta Sigma Theta Sorority, Inc. La representación legal está a cargo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Brennan Center for Justice y el Legal Defense Fund (LDF), entre otros organismos especializados.
¿Qué argumentan los demandantes?
Estos grupos sostienen que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso y a los estados la potestad de establecer las reglas de los comicios. Según la querella, el decreto pretende desplazar las leyes estatales al convertir al Servicio Postal de los EE.UU. en un “árbitro” de la elegibilidad de los votantes, en lugar de mantener su función tradicional de transportista neutral, informó ACLU en un comunicado.
Asimismo, la orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional a crear listas de ciudadanos aptos para votar y entregarlas a cada estado. La coalición advierte que, debido a que las bases de datos federales están desactualizadas, este procedimiento conlleva un riesgo de exclusión masiva de votantes legítimos.
“Esta orden ejecutiva es un intento ilegal y peligroso de la administración Trump para eliminar opciones de votación accesibles y subvertir nuestra democracia al arrebatar el control de la administración electoral a los estados y al Congreso. Si se implementa, privaría del derecho al voto a votantes elegibles en toda la nación“, señalaron las organizaciones demandantes.
Consecuencias expuestas de la orden de Trump
El grupo enfatizó que la normativa generaría inestabilidad en los procedimientos estatales y afectaría especialmente a ciudadanos con discapacidades, militares y estadounidenses en el extranjero.
“Lejos de mejorar las elecciones, esta orden ejecutiva crearía el caos para los funcionarios electorales, erosionaría la confianza pública en nuestras elecciones y bloquearía a los estadounidenses de ejercer su derecho y responsabilidad más fundamental como ciudadanos: votar. Al llevar a la administración a los tribunales, estamos defendiendo el estado de derecho y la promesa de nuestra democracia”.
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