En una declaración escueta a la prensa internacional, el primer ministro socialista australiano, Anthony Albanese, ha dicho que su país «no ayudará ni repatriará» a los miembros de Estado Islámico presos en Siria con pasaporte de su país. Según informa la agencia Reuters, 37 … australianos de Daesh –acrónimo en árabe de Estado Islámico–, en su mayor parte mujeres, habían dejado la prisión para ser repatriados a Australia, pero ante la postura de Canberra han regresado a sus campamentos vigilados.
La oposición del Gobierno laborista, que teme que el regreso de las llamadas ‘novias de Daesh’ fuerce la apertura de juicios por colaboración con el terrorismo yihadista en el país, ha sido inmediatamente criticada. En cierta forma refleja el temor de la izquierda occidental a plantar cara a la realidad del islam radical en sus países.
Otro botón de muestra de ese miedo podría ser la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez a unirse a la propuesta de prohibición del velo musulmán integral en España, planteada por el PP y Vox. La izquierda opta por la ‘política del avestruz’ para proteger el voto de las comunidades musulmanas, que crecen en Australia y Europa.
Estado Islámico, el movimiento radical más conocido junto a Al Qaida, figura en la lista de grupos terroristas de Australia, donde se establecen penas de hasta 25 años de prisión para sus miembros. El Gobierno australiano tiene también la capacidad legal de anular la doble nacionalidad a los miembros de esa organización yihadista.
La decisión de no abrir ese frente puede guardar relación con el crecimiento de la población musulmana en Sidney y Melbourne, las dos grandes ciudades del país. El porcentaje de musulmanes en Australia es actualmente del 3,5%, aún lejos del 5% de España o del 7% de Francia, aunque en todos los casos el índice de natalidad es mucho mayor que la media nacional.
El caso de los campamentos de presos de Daesh en Siria es sintomático. Hasta la fecha sólo Estados Unidos ha mantenido con firmeza su presencia militar en esa zona para evitar que se reproduzca el ‘califato mundial’ que fue eliminado por una coalición armada internacional en 2017.
La reciente derrota de los kurdos de Siria –aliados de EE.UU. y responsables de la vigilancia de miles de presos de Daesh– frente a las tropas de Damasco ha trastocado la situación. Ante el miedo a una fuga masiva y una reconstitución del ‘califato’ en la región, la Administración Trump negoció hace semanas con Irak el traslado de los 7.000 presos a sus cárceles. Según la cadena árabe Al Jazeera, Bagdad ha acogido ya a 5.700, de 60 nacionalidades distintas, y se niega a aceptar más.
Washington y Damasco están de acuerdo en que la solución con el resto, y con sus familiares, es la repatriación, a la que se oponen los gobiernos afectados.
Irak, por su parte, se queja de que no cuenta con suficientes cárceles ni con un sistema judicial capaz de juzgar a tantos presos por crímenes de guerra, y da a entender que lo normal será dictar sentencias exprés de ejecución para los yihadistas suníes.