Resulta paradójico que “todo el mundo” coincida en que hay que introducirle cambios al Código Laboral dominicano para ser adaptado a los nuevos tiempos, pero pasan años y las modificaciones no llegan, y aunque en palabras se pinta cerca, en realidad no lo está, por lo que sorprende que el ministro de Trabajo prometa que en este verano tendremos una nueva normativa laboral.
“Está muy pronto por concluir (el proceso) para poder presentarle al país la propuesta de una nueva normativa laboral, modernizada”, son palabras recientes del ministro Luis Miguel De Camps.
Al Código Laboral (1992) le han pasado por encima 32 años, incluidos todos los de un milenio que ha conllevado a una profunda revolución industrial y tecnológica, por lo que huelga decir que está desactualizado.
Más que vanagloriarse, crear infundadas expectativas y promocionar soluciones a la vista inexistentes, el Gobierno debiera ocuparse diligentemente de su rol de mediador transparente y enfocarse es destrabar el escollo principal, el artículo 80 sobre el derecho de cesantía para los trabajadores cuando su empleador dispone su cancelación.
Hay que sincerar las discusiones tripartitas y reconocer, para que no sigan pasando los años, que la cesantía es al Código Laboral, lo que son las tres causales al Código Penal, una gran retranca.
Desde 2012 con la instalación del primer gobierno de Danilo Medina, y expresamente a partir de su decreto No. 286/13 con el que creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código Laboral, se ha avanzado un poco, pero solo hasta llegar al punto del escollo.
No hay dudas, salvo que haya deseos de torpedear conscientemente, de que la modificación tiene que ser pactada en beneficio del trabajador y sin perjuicio del empleador, pero que no implique retrocesos ni mengüe derechos adquiridos y cuyo texto de reforma solo sea sometido al Congreso con el consenso de todas las partes.
En las negociaciones deberán seguir estando presentes las tres partes, sin protagonismo ni predominio de ninguna, y promover un ambiente que permita modernizar esa legislación.
Al Gobierno, a propósito de la campaña de expectativas de que está cerca la solución, no debería causarle apuros reconocer que le pasaron cuatro años y que el tema está en el mismo lugar donde lo encontró en agosto de 2020: con el clamor de que es necesario modificar y actualizar un Código Laboral envejecido.
