La acusación presentada por las autoridades establece que dentro del Seguro Nacional de Salud (SENASA) operaba una coalición de funcionarios con roles claramente definidos, quienes habrían facilitado y ejecutado decisiones contrarias al orden institucional y legal. De acuerdo con el expediente, esta estructura actuaba bajo directrices del entonces director ejecutivo, Santiago Marcelo Hazim Albainy, con el objetivo de favorecer intereses particulares y garantizar beneficios económicos y políticos a su círculo cercano.
Dentro de esta supuesta red, el consultor jurídico Germán Robles ocupaba una posición determinante. El documento señala que Robles habría intervenido para imponer aprobaciones irregulares de prestadores de servicios, actuando fuera del procedimiento establecido y otorgando ventajas selectivas a terceros vinculados al esquema. Su rol, según la investigación, fue clave para blindar legalmente decisiones previamente acordadas y ejecutadas al margen de la normativa institucional.
Otro señalado es Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, quien presuntamente tenía a su cargo la homologación de acuerdos y la dirección de reuniones de un Comité de Contrataciones de Prestadores creado de manera irregular por Hazim Albainy. La acusación indica que Minaya validaba convenios y habilitaciones pese a informes internos que advertían incumplimientos de requisitos técnicos, legales o de infraestructura por parte de algunos proveedores.
En la misma línea, el expediente menciona al gerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, quien habría utilizado su posición para ejercer presión interna con el propósito de habilitar o ampliar la cartera de prestadores sin la documentación requerida o condiciones reglamentarias. Este patrón, según la acusación, beneficiaba a aliados estratégicos del entramado.
Finalmente, se señala la participación de Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, acusada de validar y firmar de manera recurrente actas que contenían decisiones previamente definidas por la supuesta estructura. Su papel habría sido asegurar la formalización administrativa de maniobras coordinadas internamente.
Las autoridades sostienen que estos funcionarios no actuaban a favor del interés público ni conforme a la Constitución ni a la normativa vigente, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Por el contrario, habrían operado como ejecutores de un esquema organizado de corrupción que utilizó recursos estatales para fines particulares y políticos, en perjuicio del patrimonio público y del sistema de salud nacional.