Autoridades judiciales emitieron una orden de arresto contra Thelma Margarita Martínez Polanco, investigada por ejercer funciones legales sin acreditación profesional y presuntamente afectar a varias personas mediante engaños.
La medida fue autorizada el 23 de febrero de 2026 por el magistrado Reyes Rodríguez Rodríguez, a solicitud del Ministerio Público. El órgano acusador sostiene que existen elementos que vinculan a la señalada con posibles violaciones a los artículos 405 y 408 del Código Penal Dominicano, relacionados con estafa y abuso de confianza, donde hay alrededor de seis millones de pesos vinculados al caso.
Según el expediente, la investigada habría realizado actividades propias del ejercicio de la abogacía sin estar habilitada legalmente, situación respaldada por una certificación oficial del Colegio de Abogados. El documento, firmado por su presidente Trajano Vidal Potentini, establece que la persona no figura como miembro activo ni posee autorización para ejercer conforme a la Ley 3-19.
El caso tomó mayor relevancia tras la denuncia presentada por la empresaria Diana Carolina Romero Ávila, quien afirma haber sido afectada por un esquema engañoso. De acuerdo con su versión, la acusada habría simulado procesos judiciales inexistentes para solicitar pagos reiterados, utilizando presiones y alegando vínculos con el sistema judicial.
La denunciante indicó que entregó cerca de seis millones de pesos y enfrentó consecuencias como su detención durante tres meses, además del cierre de su centro de servicios de salud. También aseguró que la señalada utilizaba una identificación falsa y que su conducta podría formar parte de un patrón que habría afectado a otras personas.
El abogado de la parte querellante, Jesús Piña Tavares, expresó que no contemplan acuerdos económicos y que esperan que el proceso continúe hasta la aplicación de las sanciones correspondientes.
A las acusaciones iniciales se suma una presunta violación del artículo 305 del Código Penal, relacionado con amenazas, lo que incrementa la complejidad del caso.
La resolución indica que, tras la detención, el Ministerio Público deberá presentar a la imputada en un plazo máximo de 48 horas ante un juez competente. En esa audiencia se determinarán posibles medidas de coerción o su eventual libertad, garantizando el respeto a los derechos establecidos en la Constitución.
El documento también señala riesgos de evasión del proceso, lo que respalda la adopción de la medida conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal.
Las investigaciones continúan bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, que busca esclarecer el alcance total de los hechos denunciados.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**