Mientras sigue frenada la aprobación de un nuevo Código de Trabajo con permanencia de los derechos a indemnizaciones por despidos por la falta de consenso que gravita sobre el Congreso, los fuegos a favor y en contra entre las partes estarían en camino de extinguirse porque el arbitraje a cargo del alto funcionariado oficial se decanta por dejar todo como está. El tradicional peso del sector empresarial estaría al borde de una inusual derrota aunque se resiste a renunciar a su objetivo de reducir costos operacionales bajo el criterio de que le recae un peso financiero doble por concepto nóminas a partir de la vigencia en paralelo del Sistema de Seguridad. El bloque monolítico de las centrales sindicales no retrocede en su defensa de la cesantía aún cuando la sindicalización da pocas señales de vida en el país y las más beligerantes vanguardias gremiales en la minería (Falconbridge) la telefonía (Codetel), la industria azucarera (Central Romana) y la desaparecida CDE, murieron destrozadas al enfrentar influyentes razones sociales.
UN PEPE REPRODUCTIBLE
La voz más combativa a favor de la prestación laboral tradicional parte del veterano sindicalista Pepe Abreu, quien no cesa de pronunciarse integralmente contra cualquier fórmula patronal que reduzca, fraccione o menoscabe el beneficio virtualmente comparable para él con el vellocino de oro de la mitología griega: La cesantía. El fogoso
expositor se ha basado continuamente en la Ley de Seguridad Social que garantiza indemnizaciones a los asalariados y que a falta de un acuerdo tripartito, “nadie debe cambiar lo establecido”. El frente sindical insiste en que la norma tiene histórica categoría de derecho adquirido tras años de lucha, huelgas y sacrificios de los trabajadores y no podría alegarse que representa un simple beneficio a regalar o quitar. “Representa una garantía de seguridad económica para el trabajador en caso de despido injustificado”. Para las entidades que representan a hombres y mujeres que venden su fuerza productiva, la cesantía es “pilar de la estabilidad laboral y herramienta de dignidad y protección”.
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LA CONTRAPARTE
El sector empresarial ha prometido que atenuando el alcance de la ley que obliga a indemnizar a los trabajadores sin suprimirla absolutamente, sino con regulaciones de beneficio para todas las partes, se estaría fomentando la contratación formal de más mano de obra que en la actualidad. «Se aumentaría la competitividad y mejoraría la movilidad laboral».
El liderazgo empleador defiende su tesis de que la cesantía, tal como es actualmente, representa un pasivo considerable contra sus rentabilidades y que reformándola habría más empleos en un país de alto desocupación, para beneficio principalmente de las PYMES en dificultades de liquidez para permanecer en la formalidad. Al rígido mandato de la cesantía atribuye la tasa de informalidad que permanece incólume por encima del 50%. Son más los trabajadores dominicanos marginados de la protección legal que los que se acogen a las nóminas formales bajo una sombrilla que da vigencia a regulaciones salariales, regalía pascual, pago por desahucio y participación en la Seguridad Social que con sus defectos llena con creces un gran vacío tras desaparecer el IDSS.
FIEL DE LA BALANZA
Sin particulares compromisos con unos u otros, el exministro de Trabajo (y uno de los padres del Código original), Rafael Alburquerque, se declaró partidario de que la cesantía solo sea tocada si las partes llegan a un consenso; sin dejar de reconocer que cualquier ley que regule las relaciones entre empleadores y asalariados siempre puede ser perfeccionada. Resaltó que el 98% del texto de la reforma laboral propuesta unificó triunfalmente criterios del capital y del trabajo.
Encomió el esfuerzo común que logró mejoras considerables en la legislación y en su momento invitó al sector patronal a reclamar la continuación el diálogo tripartito si está insatisfecho y que debió derivar en un consenso al que nunca arribó. Fue enfático en señalar que en materia laboral el diálogo entre empresarios y sindicalistas no debe cesar para que la ley esté continuamente adaptada a las necesidades económicas y de desarrollo del país.
Una fórmula intermedia funciona exitosamente en Uruguay donde las indemnizaciones por despidos satisfacen plenamente las necesidades de los desahuciados sin descansar financiera y únicamente en los empleadores. Existe el Instituto de Previsión Social una especie banco que opera con una fórmula tripartita y con aportes de los propios trabajadores, contribuciones de los empleadores y fondos presupuestales. El 40% de los recursos que indemnizan a los despedidos proviene de transferencias estatales.