Tres años después de la explosión de fuegos artificiales en el sur de Los Ángeles, el Concejo Municipal votó a favor de compensar a 19 víctimas que fueron desplazadas de sus hogares, con $21 millones para cerrar las disputas legales.
Sin embargo, los damnificados aún no saben con cuánto las van a ayudar; y si acaso a ellas las van apoyar. La mayoría todavía no han podido regresar a sus hogares, y han estado viviendo en hoteles a donde los ha colocado la Ciudad de Los Ángeles. Muchas de ellas, han vivido bajo amenazas de desalojo por parte de los propietarios del hotel, que los ven como apestados.
Fue en junio del 2021, cuando oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) incautaron una masiva carga de cohetes ilegales en el sur de Los Ángeles, y al intentar detonarlos, provocaron una explosión que dejó 17 personas heridas y decenas de casas y vehículos dañados.
Los acuerdos financieros
El concejal Curren Price quien representa el distrito donde ocurrieron las explosiones dijo que las víctimas de la calle 27 han enfrentado un dolor y un trauma inimaginables que durará toda la vida.
“Alcanzar estos acuerdos financieros fue un paso crucial hacia la sanación, reconstrucción de sus vidas, y para darles estabilidad y paz”.
Señaló que en los pasados tres años, el proceso ha sido agonizantemente lento.
“A nombre de la Ciudad de Los Ángeles, lamento que se haya tomado tanto tiempo alcanzar este punto. Pero llegar hasta aquí no fue fácil y requirió un esfuerzo colectivo de múltiples departamentos, abogados y otras partes interesadas, lo que representó desafíos importantes a lo largo del camino”.
El concejal hizo ver que entendía la continua frustración de las víctimas, pero aseguró que su oficina nunca los ha abandonado.
“Nuestro compromiso para apoyar a cada hogar ha sido firme desde el primer día. Hemos abogado por fondos de emergencia, propuesto vivienda temporal, establecido un centro de recursos en el barrio, facilitado reparaciones de casa, distribuido becas y asegurado acceso a las necesidades básicas como medicina, ropa y comida”.
Además dijo que han colaborado con profesionales médicos para ofrecer a los afectados, revisiones, servicios de salud mental y otro apoyo vital; y trabajaron con aliados y organizaciones no lucrativas para obtener cupones para vivienda, asistencia para la reubicación y otros servicios sociales.
“La verdad es que este incidente nunca debería haber ocurrido ya que era completamente prevenible, y todavía nos estamos recuperando”.
Añadió que tiene la firme expectativa de que el LAPD haya aprendido de este desastre y tomado todas las medidas necesarias para evitar que tales tragedias vuelvan a ocurrir en el futuro por el bien de nuestra Ciudad.
Triste y duro
Ron Gochez, organizador comunitario y educador de la organización Unión del Barrio, quien ayudó a organizar a las víctimas de la explosión, dijo que es triste y duro que hasta tres años después de la tragedia, se les vaya a dar una compensación para que reparen sus casas.
“La mayoría de las familias afectadas son afroamericanos y latinos. Algunos son dueños y otros inquilinos; y no sabemos cuándo se comenzará a dar el dinero, cómo lo van a dar y cuánto le tocará a cada afectado”.
Explicó que fue muy triste que para lograr que el Concejo de Los Ángeles aprobara los $21 millones para la reparación de las casas, tuvieron que hacer marchas y acudir en tres ocasiones a protestar a la casa de la alcaldesa Karen Bass.
“Apenas el Día de Muertos pasado nos pudimos reunir con el concejal Curren Price”.
Recordó que al principio la Ciudad de Los Ángeles colocó a los damnificados en horribles moteles de mala muerte.
“Después ya los pusieron en un buen hotel en el centro, el Level Los Ángeles, un hotel que cobra $250 por noche, pero aunque es muy bonito, las familias se han sentido incómodas por la forma cómo los miran y porque no los dejan usar la piscina ni los asadores”.
Gochez dijo que muchos de los afectados son inquilinos que están pidiendo a la Ciudad de Los Ángeles que les asignen departamentos de bajos ingresos.
“Llevaban viviendo en los departamentos dañados más de 20 años, con alquileres bajos; ahora las rentas cuestan el triple de lo que ellos pagaban, y simplemente no pueden pagarlas”.
El líder comunitario reconoció que el voto aprobatorio del Concejo Angelino para asignar recursos a los damnificados, pero fue el resultado de que no se dieron por vencidos.
“Tomó mucho tiempo y lágrimas”.
Inquilina afectada
Leticia Rodríguez, una inquilina por siete años que vivía con su madre, su hijo, su nuera, su nieto y su compañero en un edificio en la esquina de las calles 27 y San Pedro, donde ocurrió la exposición, dijo que su departamento quedó destrozado e inhabitable.
“Los vidrios se incrustaron por todas partes, en la ropa y los muebles; las puertas y los abanicos de techo se desprendieron. Tuvimos que tirar todas nuestras pertenencias”.
Leticia comentó que al quedarse sin vivienda, su familia fue instalada por la Ciudad de Los Ángeles en el Level Hotel, y aunque comenta que es muy bonito, vivir todos amontonados en un pequeño estudio, les ha ocasionado hasta problemas familiares porque ya no tienen el espacio que solía tener.
“Incluso ya nos han corrido varias veces del hotel”, comentó Leticia, lo que fue confirmado por Góchez.
Propietario de vivienda afectado
Ernesto Márquez, propietario desde hace 20 años de una vivienda que resultó dañada con la explosión de hace tres años, no ha vuelto a habitar su casa.
“Por suerte, ese día llegué un poco más temprano del trabajo, y la policía me alcanzó a decir que sacara a mi esposa y a mi nieto que estaban en la casa porque iban a detonar los fuegos pirotécnicos. No salimos y nos colocamos cerca. Nunca pensé que la explosión iba a tener tanto impacto. A los oficiales de la policía se les pasó la mano”.
Ernesto compartía su casa ubicada en la calle 27 y la calle San Pedro con su esposa, su hija, su yerno y su nieto.
“La explosión dañó las fundaciones de la casa, quebró las ventanas, arrancó puertas, derribó abanicos; y el escenario era como si una bomba hubiera caído”.
Confió que el estallido lo puso muy mal de los nervios. “Me entró pánico y depresión”. Ernesto y su familia no pudieron regresar a vivir a su casa.
“El dueño de la compañía de mantenimiento para la que trabajo, me ofreció en renta un departamento en Monrovia, y nos fuimos para allá”.
Dijo que semanas después decidió irse unos tres días de vacaciones que tenía planeadas desde tiempo atrás en México, las que iba a aprovechar para recuperarse un poco del daño emocional, y cuando estaba allá, lo llamaron por teléfono para decirle que le iban a entregar $10,000 de ayuda a los afectados.
“Me regresé de inmediato, pero cuando llegué no me quisieron dar nada, que porque yo andaba de vacaciones en México. Eso me obligó a poner una demanda contra la Ciudad de Los Ángeles. Hasta la fecha no me han entregado nada para arreglar mi casa que con tanto esfuerzo la compré”.
Ernesto dijo que sigue rentando en Monrovia, y que para colmo, han entrado a robarle a su casa varias veces.
“Una vez, me robaron estando los policías en frente de la casa; otra vez agarré a unos ladrones dentro de la casa, llamé a la policía y se tardaron para llegar. Cuando por fin vinieron, les dije ‘ahí van en la esquina con mis cosas, ellos son’; pero me dijeron que no podían detenerlos porque ya habían salido de mi casa”.
Dijo que le han robado hasta de los cables de electricidad y el aire acondicionado.
“Se han llevado todo lo que han podido, y el caso es que mi casa, entre el estallido y los ladrones la han desvalijado; y ahora con todo tan caro, los materiales para reconstruir la casa, valen el doble”.
Como consecuencia, dijo que se siente frustrado y decepcionado.
“Se supone que Estados Unidos es un país de oportunidades. Yo he trabajado y pagado impuestos durante 40 años. No es justo que las autoridades nos traten así. Claro como no vivimos en Beverly Hills, somos ciudadanos de segunda clase”.
Acepta responsabilidad
El LAPD aceptó responsabilidad por fallar en detonar de manera segura los fuegos artificiales decomisados.
Según un reporte federal, el equipo de bombas empacó las casi 40 toneladas de los fuegos artificiales caseros en un contenedor que era solo para 33 toneladas; y decidieron detonarlos en el lugar porque era muy riesgoso moverlos, pero el contenedor explotó y los restos se regaron en residencias, negocios y vehículos.
Durante la explosión resultaron heridos, diez oficiales, siete residentes y se dañaron 22 casas, 13 negocios y 37 autos y camionetas. Cerca de 80 personas fueron desalojadas y algunas aún no han regresado a sus casas.
De acuerdo a los investigadores federales, los técnicos del escuadrón antiexplosivos subestimaron el peso de los cohetes porque lo midieron visualmente en lugar de usar una báscula, y también ignoraron las advertencias de un miembro del equipo que dijo que debía dividirse en cargas más pequeñas.
Como resultado, cuatro miembros del escuadrón antiexplosivos fueron castigados por las decisiones tomadas.