El Congreso Nacional aprobó este viernes el nuevo Código Procesal Penal (CPP), una normativa orgánica de 471 artículos que redefine la forma en que se investigan, procesan y juzgan los delitos en la República Dominicana. La pieza, considerada la columna vertebral del sistema penal, fue sancionada en el Senado en una sola lectura y de manera unánime, en un proceso marcado por la premura y cuestionamientos al procedimiento legislativo.
La aceleración respondió a una sentencia del Tribunal Constitucional, que a finales de 2024 otorgó al Congreso un plazo de un año, hasta el 11 de diciembre de 2025, para corregir los vicios de forma con los que fue aprobada la Ley 10-15, que actualmente modifica el Código Procesal Penal.
El Tribunal advirtió que, si no se aprobaba una nueva ley dentro del plazo, la 10-15 sería excluida del ordenamiento jurídico, lo que obligaría al país a retroceder al viejo Código de 2002.
Ese retroceso implicaba la desaparición inmediata de avances claves, como: El derecho de las víctimas a recibir un abogado del Estado cuando no puedan costear uno, la conversión en acción pública de delitos que antes requerían querella privada, y ajustes procesales que han permitido mayor acceso y eficacia en la justicia penal.
Sin una nueva norma que reprodujera esas mejoras, el país enfrentaría un retroceso significativo que podría traducirse en mayor impunidad, desigualdad en el acceso a la defensa y debilitamiento de la protección a las víctimas.
En medio del proceso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, admitió que la pieza estaba siendo estudiada “al vapor” por una subcomisión creada sin el quórum reglamentario.
Legisladores como Eugenio Cedeño protestaron por lo que consideraron una violación a la institucionalidad en la tramitación de una ley tan sensible. No sería la primera vez: la propia Ley 10-15 fue aprobada en 2015 solo por el Senado, sin pasar por la Cámara de Diputados, lo cual contraviene la bicameralidad exigida por la Constitución.
Tras varios días de discusión apresurada, el Senado decidió acelerar aún más el proceso y aprobó el proyecto en una única sesión este viernes, evitando el vencimiento del plazo del Tribunal Constitucional.
Para el abogado Nassef Perdomo, la aprobación exprés puede desencadenar un escenario crítico.
“Se van a caer muchos casos. Ni jueces, ni fiscales, ni abogados conocen la norma que se está aplicando, y el sistema no ha tenido oportunidad de adaptarse”, advirtió.
Explicó que conocer una ley no es leerla, es estudiarla, y que el tiempo para hacerlo simplemente no existió. Afirmó que esto provocará consecuencias negativas en procesos penales “pequeños, medianos y grandes” en el corto y mediano plazo.
El diputado Charlie Marrotti Jr. coincidió en las advertencias.“Fue manejado demasiado rápido. Ese apresuramiento puede producir errores que afecten a quienes más dependen de un sistema justo y garantista”, afirmó.
Señaló que un código penal debe ofrecer garantías tanto para perseguir a los culpables como para proteger la presunción de inocencia de los acusados.
Aunque el nuevo Código Procesal Penal ya es una realidad, su aprobación deja tras de sí más preguntas que certezas. El país esperaba un debate profundo, análisis técnico y una preparación adecuada de los operadores de justicia. En cambio, la prisa legislativa terminó imponiéndose sobre la prudencia.
Hoy, la República Dominicana tiene un nuevo Código Procesal Penal.
Se aprobó a tiempo, sí… pero a una velocidad que podría desencadenar consecuencias catastróficas.
La pregunta ahora es otra: ¿está preparado el sistema para aplicar una ley que apenas tuvo tiempo de ser leída, mucho menos estudiada?