SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, que estaba prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el Gobierno prepare la evidencia. De acuerdo con documentos judiciales, también existe la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido, lo que significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese período. Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
El tribunal tomó la decisión de posponer la audiencia preliminar el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones para conceder el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el Gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, además de que ambas partes manifestaron la intención de contar con más tiempo para preparar el proceso.
- Asimismo, los documentos señalan que existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar la celebración de un juicio.
El pasado 12 de febrero, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país “hasta nuevo aviso”, a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que calificó la corrupción como “una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública”.
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que el exfuncionario había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas para informantes confidenciales.
Según la acusación, Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas “fuentes confidenciales” de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley patrocinan el ingreso a Estados Unidos de cientos de extranjeros que, de otro modo, podrían ser considerados inadmisibles debido a su asociación con actividades delictivas y quienes, con el tiempo, pueden convertirse en elegibles para obtener la residencia permanente.