El mayor misterio en la política de Georgia actualmente es quién está financiando los ataques contra el vicegobernador republicano Burt Jones. Una entidad que opera bajo el nombre ‘Georgians for Integrity’ ha invertido alrededor de 5 millones de dólares en anuncios de televisión, correos y mensajes de texto. Los ataques alegan que Jones, quien ya cuenta con el respaldo del expresidente Donald Trump en su campaña para gobernador en 2026, ha estado usando su cargo para enriquecerse.
Para cualquier ciudadano de Georgia que se siente a ver un partido de fútbol, los anuncios han sido casi ineludibles desde el Día de Acción de Gracias. Constituyen el primer disparo en la batalla pública por la nominación republicana, que se decidirá en las elecciones primarias de mayo. Los anuncios también evidencian cómo el dinero oscuro está influyendo en la política no solo a nivel nacional, sino también en los estados, con intereses secretos invirtiendo grandes sumas para cambiar la opinión pública.
La campaña de Jones está furiosa y amenaza con acciones legales contra las estaciones de televisión si no dejan de transmitir anuncios que un abogado califica como ‘demostrablemente falsos’ y difamatorios. Hasta ahora, los anuncios permanecen al aire. ‘Quieren ser anónimos, gastar mucho dinero y crear muchas mentiras sobre mí y mi familia’, dijo Jones a WSB-AM en una entrevista el 16 de diciembre, calificando los anuncios como ‘basura fabricada’.
El fiscal general Chris Carr y el secretario de Estado Brad Raffensperger, los principales rivales de Jones por la nominación republicana, aseguran no estar involucrados en los ataques. Los tres aspiran a suceder al gobernador republicano Brian Kemp, quien no puede postularse nuevamente debido a los límites de mandato. También hay varios demócratas compitiendo por el cargo principal del estado.
El Partido Republicano de Georgia ha presentado una queja ante la Comisión de Ética del Estado. El partido alega que los anuncios violan la ley de financiamiento de campañas de Georgia, que prohíbe gastar en una elección sin registrarse y revelar a los donantes. ‘Creo que hay consecuencias de gran alcance al permitir que esta actividad continúe sin control’, declaró el presidente del Partido Republicano estatal, Josh McKoon, a The Associated Press. ‘Y las consecuencias son mucho más amplias que el resultado de las primarias de mayo’.
Este caso representa una filtración adicional del efecto de la decisión Citizens United de la Corte Suprema de EE.UU. en 2010, la cual llevó a aumentos dramáticos en el gasto independiente en las elecciones estadounidenses, explicó Shanna Ports, asesora legal principal del Campaign Legal Center con sede en Washington, DC, que busca reducir la influencia del dinero en la política. ‘El dinero oscuro se está convirtiendo cada vez más en la norma en las carreras, en todos los niveles y en momentos tempranos’, afirmó Ports.
Las acusaciones de que Jones ha estado involucrado en autobeneficio no son nuevas; Carr ha estado haciendo ataques similares durante meses. Pero la situación se intensificó después de que Georgians for Integrity se constituyó en Delaware el 24 de noviembre, según los registros corporativos de ese estado. La entidad se identifica como una organización de bienestar social sin fines de lucro bajo el código tributario federal, una figura popular para organizar gastos de campaña que permite a un grupo ocultar a sus donantes.
La campaña de Jones argumenta que el anuncio induce falsamente a creer que Jones permitió que el gobierno tomara tierras mediante dominio eminente para respaldar el interés de su familia en un desarrollo masivo de centro de datos en el condado natal de Jones, al sur de Atlanta. Como senador estatal, Jones votó a favor de una ley de 2017 que creó una excepción estrecha en la legislación de Georgia, la cual prohíbe a los gobiernos transferir propiedades expropiadas a desarrolladores privados. Sin embargo, el dominio eminente no se está utilizando para beneficiar el desarrollo de 10 mil millones de dólares que, según registros gubernamentales, podría incluir 11 millones de pies cuadrados de centros de datos.
Georgians for Integrity lista su dirección local como un apartado postal en una tienda de suministros de oficina al este de Atlanta en documentación presentada a las estaciones de televisión. Un comprador de medios llamado Alex Roberts, con dirección en Park City, Utah, también figura en esos papeles, pero no ha respondido a un correo electrónico de AP. Tampoco lo ha hecho Kimberly Land, una abogada de Columbus, Ohio, que aparece en los documentos de constitución. Después de semanas de gasto elevado, nadie ha podido demostrar quién proporciona el dinero.
El Partido Republicano sostiene que Georgians for Integrity es un comité independiente según la ley de Georgia. Esto significa que puede recaudar y gastar sumas ilimitadas, pero debe registrarse antes de aceptar contribuciones y revelar a sus donantes. No obstante, dicha ley define a estos comités como aquellos que gastan ‘fondos con el propósito de afectar el resultado de una elección para cualquier cargo electo o para abogar por la elección o derrota de cualquier candidato en particular’.
Los anuncios dirigidos a Jones nunca lo identifican como candidato a gobernador ni mencionan las elecciones de 2026. En su lugar, instan a los espectadores a llamar a Jones y ‘decirle a Burt que deje de lucrar con los contribuyentes’. McKoon calificó estos matices como ‘juegos semánticos’ y argumentó que los votantes comunes definitivamente percibirían que los anuncios están diseñados para influir en ellos.
‘Si está financiando un mensaje diseñado para impactar una elección —y creo que es difícil argumentar que ese no es el caso aquí—, entonces debería tener que cumplir con las leyes de financiamiento de campañas que la legislatura ha considerado apropiado aprobar’, concluyó McKoon.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**