Este lunes, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes conocerá la solicitud de medidas de coerción contra dos ciudadanos haitianos señalados de ocasionar la muerte de un menor de 14 años en el sector Katanga, Santo Domingo Este. El adolescente, identificado como Nauriel Nisael Medina Pérez, perdió la vida presuntamente tras recibir heridas con un objeto afilado, según informó la comunidad local. Familiares del menor reclamaron justicia y exigieron que ‘caiga todo el peso de la ley’, destacando que Nauriel era un buen estudiante sin antecedentes disciplinarios. Un reporte televisivo indicó que la víctima mantenía una relación sentimental con una joven de 15 años, quien presuntamente era pareja de uno de los señalados, contexto que las autoridades aún investigan sin confirmación oficial. El caso ha generado reacciones de grupos comunitarios, entre ellos el Grupo Nacionalista Antigua Orden Dominicana, cuyo líder, Angelo Vázquez, acudió a presentar condolencias a los familiares. Vázquez solicitó que se aplique la ‘pena máxima’ a los responsables y expresó que los haitianos ‘tienen que salir’ de la zona si no pueden convivir, calificando la presencia de trabajadores extranjeros como un problema que se complica cada día. El líder nacionalista relató episodios previos en la comunidad, cerca del Puente de Los Mina, donde, según sus afirmaciones, un residente con discapacidad visual y su madre de 80 años sufrieron advertencias y la pérdida de un perro. Tras las declaraciones, el Grupo Antigua Orden Dominicana anunció un plazo de varios días para que los haitianos abandonen la zona, advirtiendo que, de no hacerlo, serían ‘sacados por la organización y comunitarios’, según reportó el periodista Deison Ovález (CDN). La investigación penal permanece en curso y las autoridades aún no han especificado las medidas cautelares que se aplicarán contra los presuntos ofensores, mientras la comunidad espera una actuación institucional que evite conflictos mayores. El caso expone tensiones sociales y debates sobre seguridad comunitaria, subrayando la necesidad de que el sistema judicial investigue con rigor. La Fiscalía y los organismos competentes deberán garantizar transparencia en la investigación y actuar con prontitud para evitar que las tensiones comunitarias escalen. **REDACCIÓN FV MEDIOS**