Ángel Martínez expresó su inconformidad al salir del tribunal del Distrito Nacional este martes, tras serle impuestas medidas restrictivas por parte de la jueza Clara Luz Almonte, quien forma parte de la Segunda Sala Penal. La resolución judicial establece que deberá presentarse de forma periódica ante las autoridades y no podrá salir del país, debido a una acusación formal por difamación e injuria presentada por el legislador Sergio Moya, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El comunicador y también investigador privado, reconocido por sus declaraciones de alto impacto en el ámbito público, fue retenido el lunes en la provincia de Puerto Plata, justo cuando desembarcaba de un crucero. La detención se efectuó en cumplimiento de una orden judicial que surgió tras la presentación de la querella por parte del diputado oficialista.
Desde que se conoció el caso, ha generado amplio interés en distintos sectores, debido a la notoriedad pública del acusado y al hecho de que la denuncia haya sido interpuesta por un miembro activo del Congreso Nacional.
Durante su intervención frente a los medios, Martínez expresó su desaprobación respecto a la medida judicial que le impide salir del país. “Esto es injusto”, repitió, al tiempo que defendía su permanencia constante en la misma dirección y el uso del mismo número telefónico y oficina durante más de medio siglo en territorio dominicano. “Tengo más de 55 años con la misma dirección, con una propiedad, con una oficina y con el mismo teléfono”, insistió, sugiriendo que no representa ninguna amenaza de evasión del proceso legal.
El caso se inscribe dentro de una tendencia creciente de querellas por difamación que involucran a figuras políticas y comunicadores. Esta situación ha reabierto el debate sobre hasta dónde debe llegar la libertad de expresión sin comprometer los derechos relacionados con la reputación de las personas.
Con la resolución vigente, Martínez tendrá que acudir regularmente ante el tribunal y no podrá ausentarse del país sin autorización oficial, mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. La defensa legal del comunicador ya ha anunciado que planea apelar la decisión emitida por la jueza.
En redes sociales, algunas personas identificadas con su causa han comenzado a expresar su preocupación, pidiendo que se proteja la libre expresión de quienes ejercen labores comunicacionales. Desde la instancia del Ministerio Público, únicamente se ha declarado que la resolución obedece a una solicitud judicial fundamentada en los artículos correspondientes del Código Penal dominicano, específicamente aquellos vinculados a los delitos que afectan la integridad moral.