Ángel Martínez pide perdón – #FVDigital.com

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Tras meses de controversia pública y enfrentamientos judiciales, el comunicador Ángel Martínez ha ofrecido disculpas formales a la exviceministra de Cambio Climático, Milagros De Camps Germán, luego de una querella por presunta difamación e injuria interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

El influencer dominicano radicado en Miami, conocido por sus denuncias y comentarios polémicos, reconoció mediante un video que circula en redes sociales que se equivocó y fue injusto con la exfuncionaria. En sus palabras, elogió su formación académica y profesional, calificándola como “una joven brillante con gran futuro”, marcando así un giro inesperado en un caso que había escalado hasta los tribunales.

La querella presentada por De Camps Germán no se limitó a Martínez. Desde el pasado 24 de enero de 2025, fue iniciada una acción legal con constitución en actor civil que incluye también a Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer, señalados por participar en una campaña que, según sus abogados, vulneró su honra y reputación.

La representación legal, compuesta por Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes, sustentó la demanda en las leyes 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, solicitando una indemnización de RD$10,000,000.00, monto que sería destinado a la protección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

De acuerdo con el expediente, los imputados divulgaron de manera sistemática, especialmente en YouTube y redes sociales verificadas, la afirmación falsa de que De Camps estaría embarazada del Esta narrativa fue reforzada con lenguaje burlón, imágenes editadas y afirmaciones sin fundamento, generando una difusión masiva que superó las 400,000 visualizaciones en menos de diez días.

Los abogados subrayan que lo expresado por los acusados no puede considerarse libertad de expresión, ya que se trata de imputaciones infundadas y ofensivas, carentes de interés público y cargadas de desprecio personal. La parte accionante sostiene que lo ocurrido representa “un uso abusivo de las plataformas digitales con fines de odio, manipulación y descrédito”.

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