Amnistía Internacional expresó este miércoles “su profunda preocupación por el mantenimiento de la penalización del aborto voluntario“, con la exclusión de tres causales, en el proyecto del Código Penal dominicano aprobado en primera lectura por el Senado en pasado junio.
Horas antes de que el Senado estudie la iniciativa en segunda lectura, la organización recordó en un comunicado que la República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición absoluta del aborto, incluso cuando se trata de embarazos producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.
Para AI, “el proyecto no reconoce ni respeta la autonomía reproductiva de las mujeres ni ofrece garantías suficientes para que el personal profesional de salud realice un aborto sin estar expuesto a la criminalización”.
“Al mantener la penalización del aborto, el Senado dominicano perpetúa un ciclo de violencia y discriminación que condena” a las personas embarazadas “a la clandestinidad y a un sufrimiento innecesario, y mucho más a quienes viven en pobreza” dijo la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer.
El movimiento global sobre la defensa de los derechos humanos destacó que el aborto “es un derecho humano y penalizarlo solo crea condiciones de inseguridad que afectan desproporcionalmente a las mujeres y niñas que ya enfrentan desigualdades estructurales, especialmente aquellas con menores ingresos”, expuso AI.
Datos de la OMS
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro sigue siendo una de las principales causas de muerte y morbilidad materna y, en la República Dominicana, se produce “una inaceptable cantidad de muertes maternas” que, en uno de cada diez casos, según las estimaciones, estarían relacionadas con abortos inseguros.
Mientras, en lugares como Argentina, donde el aborto se ha despenalizado y regulado como derecho y servicio de salud esencial, la mortalidad materna relacionada con abortos se ha reducido hasta en un 53 %, indicó la organización.
Asimismo, AI instó a los senadores que componen la comisión especial que estudiará el proyecto del Código antes de su segunda y última votación, a asegurar que la propuesta respeta las obligaciones internacionales del Estado dominicano, incluyendo el respeto y protección del derecho a la vida y a la salud de mujeres y niñas.
Para ello, “la formulación y el debate del proyecto del Código Penal deberán conducirse junto a organizaciones y personas expertas en salud sexual y reproductiva, con base en evidencia científica y enfoque de derechos humanos“, agregó.
Las críticas a la exclusión de las tres causales del proyecto de Código Penal desde distintos sectores se vienen sucediendo desde que el Senado aprobara el texto “sin atender al reglamento” y sin hacer una lectura previa, según denunciaron diversos legisladores favorables a la inclusión de las tres causales que despenalizan la interrupción del embarazo.
“El Senado de la República Dominicana tiene la oportunidad de rectificar una injusticia histórica” que, además, “es una cuestión de salud pública, pero sobre todo de justicia e igualdad,” concluyó Piquer.
