Lima, 18 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, puede tener responsabilidad penal por las muertes de manifestantes en las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023, según las evidencias obtenidas por Amnistía Internacional (AI) y plasmadas en un informe publicado este jueves, que apunta a que la mandataria podría haber cambiado de táctica para evitar más fallecidos, pero no lo hizo.
«Dina Boluarte sabía lo que estaba pasando y no hacer suficiente para parar más muertes podría conllevar responsabilidades penales individuales», afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman.
El informe señala que, aunque la presidenta negó ante la Fiscalía haber tenido contacto directo con los comandantes y «minimizó su papel en la represión estatal», se reunió varias veces con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía durante los tres meses de protestas, «lo que le dio múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno».
«Hubo decisiones conscientes desde el día uno y la presidenta desoyó informes de inteligencia afirmando que personas que se manifestaban no tenían vínculos terroristas y que el número de personas no ameritaba el despliegue de las Fuerzas Armadas. Ella no hizo caso de esa información y pidió elaborar a ministros el estado de emergencia y desplegar las Fuerzas Armadas», indicó Penman.
Expuso que las decisiones y omisiones de Boluarte durante los tres meses confirman que la mandataria podría considerada autora mediata por las grandes violaciones de derechos humanos en las protestas.
La organización hizo un análisis jurídico en base a conceptos de la Corte Suprema de Perú, fallos del 2009 y el derecho penal del país, y han observado que se cumplen los cuatro requisitos que comprobarían la autoría mediata (con conicimiento del hecho) de Boluarte.
«La presidenta declaró bajo juramento ante la Fiscalía que, ‘de ninguna manera’, la Presidencia tiene contacto con comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, no obstante, la evidencia muestra contrario, y hay pruebas de que en diciembre de 2022 Boluarte se reunió con jefes militares y policiales por lo menos el 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre», añadió.
También analizaron las 29 reuniones del Consejo del Ministros que Boluarte presidió en los tres meses, donde observaron que no tomó oportunidad para pedir cambios de táctica, hizo leves menciones a las muertes en las protestas, hizo un «énfasis abrumador» en proteger la propiedad y repitió un discurso estigmatizador de los manifestantes.
En este sentido, AI afirmó que hasta el momento no han encontrado pruebas que vinculen a las víctimas y heridos con organizaciones criminales o terroristas, y que las palabras de Boluarte sobre la violencia de los manifestantes dieron «un marco habilitador a las fuerzas de seguridad para cometer actos ilegales.
El estudio «¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú» analiza más de un centenar de entrevistas a policías y militares en activo y en retiro, familias de víctimas, heridos, funcionarios públicos y autoridades.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, señaló que el objetivo del informe es buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas y ofrecer los resultados obtenidos al Ministerio Público para que investigue a los altos mandos responsables de las muertes.EFE
