Echar en un mismo saco todas las balaceras policiales que abaten a individuos bajo persecución y atribuirlas globalmente a propósitos de defender «la paz de las familias dominicanas», como se escuchó decir al más alto nivel gubernamental días atrás, puede ser interpretado muy preocupantemente como tácita aprobación al fuego mortal de los «intercambios de disparos» que por lo regular no llegan a ser certificados a posteriori como tales en la forma judicial que corresponde bajo un estado de derechos. Hechos de sangre cuyas invariables versiones oficiales de fuegos cruzados generalmente terminan refutadas por testigos oculares. No se explica que todavía hoy, a los más altos niveles del Estado se siga desconociendo el descreimiento con que la sociedad suele recibir tales necrológicas ahora precedidas por ambiguos mensajes desde la cúspide del mando nacional sobre «la suerte” que deben esperar presuntos asaltantes de bancos, los que podrían ser interpretados por patrulleros mal entrenados como insólitas «licencias» para apretar gatillos sin sufrir consecuencias.
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Insinuar desde el poder civil tolerancia a acciones de fuerza que solo se justifican para la legítima defensa es de alto riesgo hasta para la gente respetuosa de la ley. Esto, porque la inseguridad tendería a desbordarse, y las garantías a perderse, con la presencia en la cotidianidad de «guardianes de la ley» a los que se habría dejado de exigir respeto a los límites que la civilización impone al uso de recursos letales. ¡Un retroceso!
