Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Mientras el Palacio de Justicia de Cotuí permanecía fuertemente custodiado y rodeado por numerosos simpatizantes, en el Congreso Nacional se intensificaba la preocupación por la presencia de estructuras organizadas provenientes del extranjero dentro del territorio nacional.
Durante la audiencia para la solicitud de medida de coerción, se mencionó de forma reiterada el nombre de Yeyson Rojas Mosquea, quien es señalado como integrante de una red que estaría relacionada con actividades ilícitas, así como con una organización mexicana identificada como cártel de Sinaloa. Esta mención generó inquietud en la sala judicial.
De acuerdo con la información del Ministerio Público, a Rojas Mosquea se le acusa de haber ordenado y financiado los hechos que resultaron en la pérdida del teniente retirado Juan Luis Castro Custodio, además de planificar el hecho que involucró a José Francisco Del Orbe Peña, el cual ocurrió el pasado 10 de febrero en Cotuí.
Según reportes de las autoridades, este grupo que opera bajo el nombre de Los Rugrats representa una célula armada vinculada con una facción liderada por Ismael “El Mayo” Zambada. La Policía Nacional informó que están en proceso de seguimiento a cuatro personas que serían parte activa de esta estructura en el país. Mientras tanto, los ciudadanos mexicanos identificados como César Eduardo González Zabala y Daniel Hiram Jáquez Ortega, principales señalados en los hechos mencionados, aún no han sido localizados.
Desde el Congreso Nacional, la diputada Selinée Méndez expresó su inquietud ante la situación, calificándola como un peligro para la estabilidad nacional. En sus palabras: “Nos llena de mucha preocupación y es alarmante que el crimen organizado ya esté a ese nivel. Debemos tomar todas las medidas necesarias inmediatamente”.
También el legislador oficialista Ramón Bueno se sumó a los llamados de atención, afirmando: “Blindar las fronteras y reforzar la vigilancia es urgente. Estas organizaciones no operan solas, y hay que identificar a sus cómplices en el país”.
Los hechos han despertado reacciones tanto a nivel local como internacional. La investigación en marcha cuenta con el apoyo de agencias como la DEA, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Ante este panorama, las autoridades han incrementado la vigilancia y el rastreo en diferentes puntos del país, incluyendo fronteras, puertos y aeropuertos, elevando así el nivel de control frente a la red transnacional.