Alberto Fujimori (Lima, 1938), presidente de Perú durante la década de los 90, ha fallecido este miércoles con 86 años en su residencia a causa de un cáncer. Autócrata de mano dura, patriótico, conservador, de tinte populista y creador de la corriente personalista del ‘fujimorismo’, el político de padres japoneses lleva a sus espaldas un polémico legado que separó al país en dos.
Algunos sectores recuerdan al apodado “Chino” como la mano dura efectiva contra el terrorismo en el país latinoamericano y por haber derrotado la hiperinflación y traído la estabilización económica del país mediante una política neoliberal basada en la privatización. Otros lo destacan como el dictador que se mantuvo en el poder sin respetar la voz representada en las urnas, que realizó incluso un autogolpe de estado, así como por haber violado los derechos humanos en el país y haber protagonizado importantes casos de corrupción bajo su mandato, motivos por los que ha sido perseguido, extraditado y condenado durante el primer cuarto de siglo.
Fujimori ha sido posiblemente una de las figuras políticas más controversiales del país. Se lanzó a la política en 1989 con la fundación del partido Cambio 90 después de erigirse como rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina como reconocido físico y matemático. “Honradez, Tecnología y Trabajo” fueron los principales postulados de su formación, que ponía en el centro el mercantilismo y el corporativismo como motores del país. Tenía 52 años cuando se postuló como alternativa al Gobierno progresista que entonces encabezaba Alan García, y sorpresivamente se alzó como primera fuerza política en las elecciones presidenciales de 1990 derrotando también a Mario Vargas Llosa.
Toma de poder y dos principales arreglos
Fujimori entró en el Palacio de Gobierno de Perú en agosto de ese año, recibiendo la herencia de un país que sufría una importante crisis económica, la hiperinflación y el aumento de la violencia interna provocada por la expansión de grupos terroristas.
Sobre estos dos pilares versaron sus promesas electorales y sobre ellas mismas se basaron los principales arreglos del llamado ‘Fujimorato’: en el lado económico, Fujimori logró contener el alza de los precios y recuperar el crecimiento económico y la estabilidad; y en el ámbito de la seguridad, consiguió derrotar a la organización maoísta Sendero Luminoso y al grupo guevarista MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).
En 1992, el Grupo Especial de Inteligencia de la policía (GEIN) capturó al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, abriéndose un periodo de diálogo de paz entre el Gobierno y el detenido, seguido de una desmovilización -no disolución- del grupo comunista. También mejoró la popularidad de Fujimori tras la operación militar que respondió a la toma de la embajada de Japón en Lima entre 1996 y 1997 por parte del MRTA. Fujimori ordenó una actuación para rescatar a los secuestrados y, aunque fallecieron dos militares y un rehén, el balance fue aplaudido porque 14 miembros del movimiento maonista fueron eliminados.
Autogolpe de estado y acusaciones de fraude electoral
A pesar de la contención económica y terrorista del país, Fujimori ha sido cuestionado por el tinte autocrático de su década de gobernanza. El 5 de abril de 1992, dio un autogolpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado. Con este ‘Fujimorazo’, el gobernante intervino el poder judicial, controló el legislativo mediante la clausura del Senado y la Cámara de Diputados, y ostentó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Durante nueve meses, hasta enero de 1993, Fujimori consolidó el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional.
La falta de garantías democráticas llevó a otros países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) a presionar a Fujimori para que restablezca la República de Perú y retome un orden constitucional. El gobernante claudicó, y convocó a un Congreso Constituyente que dio luz verde a la vigente Constitución Política de 1993. Actualmente la Carta Magna no cuenta con la firma del expresidente.
En el ecuador de su mandato, en 1995, Fujimori resultó electo tras la celebración de unas elecciones presidenciales que, si bien pudieron reflejar la capitalización de su gestión económica y de la violencia, fueron puestas en duda entre denuncias por posible fraude electoral. El expresidente colombiano César Gaviria, entonces secretario general de la OEA, confirmó el día antes de los comicios que la policía había descubierto 600.000 votos falsos, una trampa que afectaba a entre el 6 y el 10% del padrón electoral.
La oposición señaló al expresidente como “principal beneficiado” de esta irregularidad. “Un hecho policial no puede empañar unas elecciones. Los hechos ocurridos ya han sido superados y la transparencia está garantizada”, dijo Fujimori tras la jornada electoral. Aún así, las denuncias sobre manipulación de los medios de comunicación se sucedieron durante el segundo lustro.
Caída del régimen por corrupción
El expresidente se presentó a las elecciones del año 2000 bajo la candidatura ‘Perú 2000’ tras una modificación constitucional elaborada por sí mismo que permitía un tercer mandato. De nuevo, se erigió como ganador de las elecciones, pero un vídeo difundido en septiembre de aquel año, en el que se veía a su asesor ‘en la sombra’ Vladimiro Montesinos, entregando dinero a un congresista opositor, lo llevó a convocar nuevos comicios, a las que, según dijo, no se presentaría.
Con la presión de la polémica que le perseguía, Fujimori decidió huir del país. Viajó a Brunéi para asistir a la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), y desde allí renunció a permanecer en el poder, mediante un fax, para evitar ser juzgado. Comenzaba a destaparse entonces la mayor trama de corrupción de la historia de Perú.
Sobre él pesó una acusación por el ‘Caso Chavimochic’, un proceso en el que Fujimori habría autorizado el uso de 800.000 dólares de fondos públicos para que un amigo suyo, Augusto Miyagusuku, comprara terrenos agrícolas en el macroproyecto de irrigación Chavimochic.
Vulneraciones de derechos humanos
Además de los métodos autoritarios y los graves casos de corrupción que lo hicieron caer, el Gobierno de Fujimori ha sido recordado por las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron durante su régimen, como la creación de escuadrones de la muerte o las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro.
Uno de los sucesos más extendidos fue el de las esterilizaciones forzadas. Fujimori presentó un plan de control de la natalidad para reducir los índices de pobreza y la tasa de nacimientos entre la población rural y de la selva peruana con el fin último de mejorar las condiciones económicas del país.
Este plan dio prioridad a la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), principalmente entre mujeres. El problema era que estos procedimientos no siempre fueron voluntarios, pues se comenzaron a denunciar esterilizaciones forzadas en condiciones pésimas. Además, no se cumplieron las normas de información previa, voluntad y condiciones, y se establecieron “cuotas” para los médicos a cargo de las operaciones. Durante el mandato, cerca de 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados, pero no se sabe con exactitud cuántas de estos procesos fueron obligados.
Otro gran asunto de lesa humanidad fue la condena de su exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de su gobierno, por las matanzas de Pativilca y La Cantuta, cometidas en 1992 por el grupo militar encubierto Colina. Otras masacres como Barrios Altos y La Cantuta se añadieron al lesivo historial del presidente. También sonó con fuerza, aunque no trascendió, la presunta venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999.
Por último, cabe destacar que en 1994 Fujimori se divorció de Susana Higuchi por una disputa familiar, tras el cual su mujer aseguró que había sido torturada por los servicios de seguridad del país. Tras la separación, la hija mayor de ambos, Keiko, se convirtió en primera dama del país, con tan solo 19 años.
Exilio, extradición y condenas
Fujimori estuvo cinco años de exilio en Japón, tierra natal de sus progenitores, y allí obtuvo la nacionalidad japonesa (comenzaba a tener doble nacionalidad). Perú pidió la extradición del expresidente para poder juzgarlo por numerosos delitos relacionados con la corrupción y las vulneraciones de derechos humanos. El país nipón se negó a conceder la solicitud, pero un sorpresivo viaje de Fujimori a Chile en 2005, propició su arresto por orden internacional en Santiago.
Esta vez sí se cumplió la extradición a Perú, que se hizo efectiva en 2007, cuando dio comienzo un largo periplo judicial. Ya frente a los tribunales peruanos, Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009 por delitos de lesa humanidad vinculados a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Estos eventos, que dejaron 25 muertos, le llevaron a ser culpable de homicidio calificado, asesinato con alevosía, lesiones graves y secuestro. También se le condenó corrupción y robo de fondos públicos.
El exmandatario cumplió la pena correspondiente desde 2009 en una prisión policial de Lima. “Una cárcel dorada”, decían sus opositores por las adaptaciones exclusivas que le fueron otorgadas. Según denunciaron, el autócrata recibió de forma muy periódica a sus familiares y partidarios, a diferencia de otros reos.
Indultado por su estado de salud
Todo cambió cuando su salud empezó a deteriorarse. Fujimori sufrió durante su estancia en la cárcel una importante dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también tuvo que hacer frente a problemas estomacales, pulmonares, vasculares y arteriales. Estas complicaciones le llevaron a pasar por quirófano en seis ocasiones.
Si el estado de salud resultó ser clave en su estancia carcelaria fue porque en 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó justificando que Fujimori tenía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que permanecer en la prisión conllevaría un grave riesgo para la evolución de esta. Esta decisión provocó numerosas protestas en el país.
Investigaciones posteriores señalaron que la medida de gracia se otorgó tras un presunto acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski.
Cuando Kuczynski dejó el cargo en marzo de 2018 y Kenji fue desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko, Fujimori fue obligado a volver a la cárcel, después de que un juez de la Corte Suprema de Perú anulase el indulto.
El último capítulo judicial de Fujimori fue la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional, contraria a lo defendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión puso de manifiesto, la permanente influencia que el expresidente tuvo sobre el poder, hasta su último minuto.