@abrilpenaabreu
El Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gomez (AILA JFPG) es la principal puerta de entrada al país, la vitrina que millones de viajeros —dominicanos y extranjeros— pisan antes de conocer nuestra tierra. Sin embargo, en lugar de reflejar orden, eficiencia y modernidad, lo que muestra es un historial preocupante de fallas, denuncias y deficiencias que, lejos de mejorar bajo la administración privada de Aerodom (VINCI Airports), parecen haberse agudizado en los últimos años.
Solo en el período 2021–2025, la lista de incidentes habla por sí sola:
En mayo de 2021, el robo de cables dejó a oscuras la pista y obligó a desviar vuelos.
Ese mismo año, en octubre, un bache interrumpió las operaciones y generó retrasos.
En febrero de 2021, un vehículo penetró a la pista, evidenciando vulnerabilidades graves en seguridad.
En abril de 2024, otra vez un hoyo en la pista 17–35 obligó a desviar más de una decena de vuelos hacia Puerto Rico, Punta Cana, Santiago y La Romana.
En mayo de 2025, el propio IDAC admitió fallas del sistema de aterrizaje instrumental (ILS), esencial para operaciones seguras en condiciones climáticas adversas.
Y en septiembre de 2025, un apagón interno dejó a oscuras la terminal, con vuelos desviados y pasajeros atrapados en medio del caos.
A eso se suman denuncias reiteradas por robos de equipaje, baños sin agua ni papel sanitario, grifos dañados, goteras y suciedad: problemas tan básicos que retratan la precariedad del servicio.
Es legítimo preguntarse: ¿para qué sirve una concesión que extiende por 30 años la operación privada si lo que vemos es un deterioro creciente? La narrativa oficial nos habla de inversiones millonarias, de nuevas terminales y promesas de modernización. Pero la realidad del pasajero es otra: baños sin papel, vuelos desviados, pistas con baches y sistemas críticos que fallan.
El AILA JFPG no es cualquier infraestructura. Es el corazón de nuestra conectividad aérea y la primera impresión que recibe quien llega al país. Que en pleno siglo XXI sigamos desviando vuelos por hoyos en la pista o apagones internos es un fracaso institucional y empresarial.
La concesión privada debía garantizar estándares internacionales, pero los hechos muestran que, entre el negocio y la calidad, la balanza no siempre se inclina hacia el usuario. El Estado dominicano, responsable último de la seguridad y del interés público, no puede seguir actuando como simple espectador.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién le pone orden a la puerta de entrada de la República Dominicana?