El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill por su Orden Ejecutiva N.° 12, alegando que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal.
Sherrill firmó el 11 de febrero una orden ejecutiva en la capital estatal, Trenton, que según ella era necesaria para evitar que el mandatario Donald Trump convierta a las fuerzas del orden en milicias. “He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan”, declaró entonces la gobernadora. “Eso significa que no se permitirá el acceso a áreas de concentración, centros de procesamiento, bases de operaciones ni acciones federales de inmigración civil desde ningún territorio estatal, ni desde nuestros parques, ni desde nuestras carreteras, ni desde nuestros edificios”.
Dos semana después, el DOJ ha presentado una demanda. “Los agentes federales arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Nueva Jersey, y sin embargo, los líderes de Nueva Jersey están implementando políticas diseñadas para obstruir y poner en peligro a las fuerzas del orden”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado al anunciar la querella judicial. “Los estados no pueden interferir deliberadamente con nuestros esfuerzos para expulsar a inmigrantes indocumentados y arrestar a delincuentes; las políticas de santuario de Nueva Jersey no se mantendrán”, anunció.
La gobernadora Sherrill reaccionó a la demanda ayer cuando se le preguntó al respecto durante una conferencia de prensa no relacionada. “Creo que en lo que el gobierno federal debería centrarse ahora mismo, en lugar de atacar a estados como Nueva Jersey que trabajan para mantener a la gente segura, es en capacitar a sus agentes de ICE con un mínimo de capacitación, como cualquier agente del orden público en el estado de Nueva Jersey, para que puedan operar mejor y con mayor seguridad”, dijo citada por Politico.
La Orden Ejecutiva de Sherrill prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otros funcionarios federales de inmigración realizar arrestos de indocumentados dentro de áreas no públicas de propiedad estatal, incluyendo centros penitenciarios estatales.
“Tal flagrante desacato a las leyes federales vigentes durante más de tres décadas no es una mera declaración política, sino una acción deliberada que pone en peligro la seguridad pública de todos los estadounidenses. Sin embargo, la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe a un estado usurpar el Congreso”, se lee en la demanda de tres cargos, presentada el lunes en un tribunal federal de Newark (NJ) y anunciada ayer en un comunicado de prensa.
“Las políticas de santuario de Nueva Jersey no sólo son ilegales según la ley federal, sino que, como se alega en la denuncia, la negativa de Nueva Jersey a cooperar con las autoridades federales de inmigración resulta en la liberación de delincuentes peligrosos de la custodia policial, quienes de otro modo estarían sujetos a deportación, incluyendo inmigrantes indocumentados condenados por agresión con agravantes, robo, tráfico de drogas y tráfico de personas”, continuó el comunicado del DOJ.
“En su primer día en el cargo, la Fiscal General Bondi instruyó a la División Civil del Departamento para que identificara las leyes, políticas y prácticas estatales y locales que facilitan las violaciones de las leyes federales de inmigración o impiden las operaciones migratorias federales legales. La lista de jurisdicciones santuario del Departamento, publicada el 5 de agosto de 2025, precede a la última Orden Ejecutiva de Nueva Jersey. En cualquier caso, la Fiscal General Bondi se ha comprometido a litigar para poner fin a estas políticas en todo el país. La demanda de hoy es la última de una serie de demandas interpuestas por la División Civil contra las políticas ilegales de ciudades santuario en todo el país, incluyendo Nueva York, Minnesota y Los Ángeles, California“.
Sherrill, quien asumió el cargo el mes pasado, también ha alentado a los residentes a monitorear la actividad de ICE -algo señalado en la demanda del DOJ- y ha creado un portal para subir videos de interacciones con los agentes.