Washington. Un dictamen legal de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos avaló una operación militar para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2023. El documento, emitido el 23 de diciembre de 2022, determinó que la acción no violaría la Constitución estadounidense al no considerarse un acto de guerra y alinearse con los «intereses nacionales» del país.
El informe de 22 páginas, solicitado por el asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional, analizó si el entonces presidente Donald Trump podía autorizar apoyo militar para la captura de Maduro, con el fin de someterlo a proceso penal en EE.UU. Los argumentos esgrimidos incluyeron: acusaciones de conspiración por narcotráfico contra Maduro, actividades calificadas como «altamente peligrosas» por parte de él y sus colaboradores, protección de civiles en Venezuela y en el extranjero, posible resistencia armada durante la operación y la necesidad de fuerzas militares para garantizar la seguridad del personal.
El documento estimó la presencia de hasta 200 guardias armados en un recinto fortificado, lo que justificaría el despliegue de tropas. Aunque reconoció riesgos operativos, los abogados concluyeron que la probabilidad de escalada a un conflicto que requiriera aprobación del Congreso era baja. La opinión legal estableció que la ejecución debía ser «razonable» y descartó planes de ocupación prolongada en Venezuela.
Fuentes republicanas confirmaron que no fueron informadas previamente sobre la operación. Posteriormente, el Senado aprobó una resolución para limitar la capacidad de Trump de realizar nuevos ataques contra Venezuela, mientras el exmandatario instó a sus correligionarios a votar en contra de la medida.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**