Santo Domingo.– Los abogados de varias de las víctimas del caso Jet Set denunciaron que se enteraron a través de la prensa sobre la autorización de un nuevo peritaje en el proceso que se sigue contra los propietarios del establecimiento, lo que consideran una irregularidad que vulnera el debido proceso.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, los juristas Plinio Pina y Plutarco Jáquez cuestionaron que, pese a tratarse de un proceso judicializado, no fueron notificados formalmente por el tribunal, como establece la normativa.
«Tomamos conocimiento por la misma vía que ustedes, lo cual es lamentable porque la norma indica que debemos enterarnos por los canales correspondientes”, expresó uno de los abogados.
En ese sentido, señalaron que el juez habría actuado en contravención de las garantías procesales, al tiempo que criticaron que su instancia no fuera debidamente considerada. Explicaron que el recurso depositado no constituía una objeción, sino una solicitud para que se les entregara físicamente la documentación presentada por la parte contraria, debido a que el dispositivo USB recibido estaba dañado y no permitía acceder a la información.
«Se evidencia claramente que no se leyó lo que se le llevó, porque lo que solicitamos fue acceso a la documentación, no una contestación”, indicaron.
Cuestionamientos al peritaje
Asimismo, cuestionaron la forma en que fue autorizado el nuevo peritaje, al entender que no se justificaron debilidades en el informe técnico previo. Recordaron que, conforme al Código Procesal Penal, para ordenar un contraperitaje es necesario demostrar fallas o contradicciones en el análisis existente.
- Los abogados también criticaron que la decisión judicial acogiera de manera íntegra las solicitudes de la defensa de los imputados, lo que, a su juicio, configura un “traje a la medida”. Señalaron que el juez no debe establecer parámetros específicos sobre qué aspectos evaluar, sino ordenar un análisis general.
Si el juez va a ordenar un peritaje, debe hacerlo de manera genérica, no indicarle al perito lo que tiene que buscar”, sostuvieron.
Impacto en el proceso judicial
En otro orden, advirtieron que la medida podría retrasar el proceso, ya que el nuevo peritaje fue autorizado por un plazo de 30 días hábiles, lo que equivale a aproximadamente 60 días calendario, lo que implicaría la reprogramación de audiencias.
Además, manifestaron sorpresa por la fecha de la resolución, indicando que no estaba disponible cuando acudieron al tribunal días antes, a pesar de que posteriormente apareció con fecha de emisión correspondiente a un día festivo.
Falta de transparencia
Aunque reconocieron que la defensa tiene derecho a solicitar este tipo de diligencias, insistieron en que lo cuestionable es la forma en que se ha manejado el proceso y la falta de transparencia en la notificación de las decisiones.