Santo Domingo, República Dominicana.- El expresidente Leonel Fernández expresó su preocupación por las implicaciones del caso Transcore Latam, no solo por los presuntos actos de corrupción, sino también por el supuesto uso indebido de la vigilancia y la recopilación masiva de datos ciudadanos.
Durante su intervención semanal La Voz del Pueblo, que transmitió el lunes por YouTube, Fernández recordó que antes de la crisis ocurrida el pasado viernes 30 de agosto, ocurrió una amenaza anterior de la empresa adjudicataria de apagar los semáforos en Santo Domingo, lo que ya indicaba la gravedad de la situación.
Fernández afirmó que el caso tiene dos dimensiones clave: corrupción y vigilancia. Aseguró que la necesidad es urgente de que el Ministerio Público investigue las irregularidades documentadas en el contrato de Transcore Latam. «Evidentemente que hay un caso de corrupción… el Ministerio Público ha sido retardado en la presentación de un proceso sobre ese particular», indicó el exmandatario.
Preocupación por el espionaje y el control de datos
Además de las acusaciones de corrupción, Fernández resaltó un aspecto que, según él, no había sido suficientemente discutido hasta ahora: el espionaje.
«Lo que no se había visto hasta ahora era otro factor. El factor de vigilancia», aseguró. El expresidente vinculó este caso con la reciente controversia generada por la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una institución que ha suscitado preocupaciones por el potencial cercenamiento de derechos fundamentales y en la que ya ha habido acuerdo entre la Sociedad Dominicana de Diarios y el Poder Ejecutivo.
Fernández advirtió que esta vigilancia podría ir más allá del control de datos vehiculares y abarcar información de cédulas, pasaportes, y peajes digitales, lo que, en su opinión, convierte a la República Dominicana en un «Estado autoritario». Según el exmandatario, si no se toman medidas para controlar el acceso y manejo de estos datos, «el estado de vigilancia podría salirse de control».
Un llamado a la acción
Fernández instó a las autoridades, particularmente al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a agilizar las auditorías y la investigación de este caso para evitar que se convierta en un ejemplo de impunidad. Asimismo, reiteró su preocupación sobre la posibilidad de que empresas privadas, con acceso a datos sensibles de los ciudadanos, puedan tener el control total sobre la información más crítica de la población.
El caso Transcore Latam, que comenzó con denuncias de irregularidades en un contrato de infraestructura, ahora también abre un debate sobre la privacidad y los límites del poder estatal y privado en la vigilancia de la ciudadanía dominicana.
Este caso sigue siendo investigado y podría marcar un precedente importante en la discusión sobre la relación entre el estado, las empresas privadas y los derechos de los ciudadanos.
