Nueva York – Annette M. Martínez Orabona, nueva directora ejecutiva del capítulo de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) en Puerto Rico considera que el momento crítico que vive la isla en términos económicos, políticos y sociales en general requiere de un compromiso fuerte y mucha acción en pro de la defensa de los derechos civiles y humanos de sus residentes.
Y esa es precisamente la meta principal que se ha propuesto tras ser nombrada oficialmente, el mes pasado, al cargo tras el retiro de William Ramírez, quien lideró la oficina en el territorio por unos 20 años.
“Yo creo que hay una lucha más intensa en este momento de lo que fue por muchos años, y es porque estamos hartos y hartas, porque la situación ya no aguanta más tanto a nivel político como social y económico. Yo sé que estamos en un momento crítico”, dijo en entrevista exclusiva con El Diario.
Las prioridades de Martínez Orabona, que ha litigado casos contra el gobierno de Estados Unidos y otros en América Latina y el Caribe, están estrechamente asociadas con el aporte que puedan hacer las organizaciones comunitarias y del tercer sector en la gestión, y a la lucha no solo a nivel judicial sino en la calle, según dijo a este periódico.
La boricua, quien fue abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en las oficinas de Washington D.C. y Costa Rica, donde litigó casos relacionados con los encarcelamientos en Guantánamo, habló con este rotativo sobre su aproximación a asuntos que atentan directamente contra los derechos civiles de los boricuas como la brutalidad policial, condiciones de hacinamiento en las cárceles y violencia institucional, el impacto del estatus colonial en las libertades de los residentes en el territorio, y las condiciones de vida y las necesidades de boricuas en pueblos como Vieques.
La selección de la puertorriqueña para dirigir a nivel local la ACLU, cuyas oficinas centrales ubican en Nueva York, contó con la participación de varios expertos, incluyendo al director ejecutivo de la entidad en Estados Unidos, Anthony Romero.
A continuación la entrevista:
El Diario: “Tengo entendido que usted ha viajado el globo y ha representado a personas en muchos lugares, pero, ¿cuán importante es representar a las comunidades y personas cuyos derechos han sido vulnerados en Puerto Rico en particular?”
Martínez Orabona: “Es el motor que me mueve. Yo soy puertorriqueña, caribeña y latinoamericana, y mi deber primario como abogada, mujer y defensora de derechos humanos es con mi gente, mi comunidad. Así que sí tuve la oportunidad de desarrollar una carrera como abogada de derechos humanos a nivel internacional y estuve una parte de mi carrera representando víctimas de violación de derechos humanos en contra de distintos países ante la Corte Interamericana y ante las Naciones Unidas (ONU), pero mi corazón siempre ha estado en Puerto Rico. Y esta es una gran oportunidad de continuar haciendo ese trabajo desde mi país, y acompañando a las comunidades y a las poblaciones que han sido históricamente marginadas y oprimidas”
Las luchas de Puerto Rico son también las de otros países en el Caribe
El Diario: “¿Algún evento, circunstancia, caso en especial que le haya hecho despertar más ese deseo de estar en Puerto Rico trabajando por los derechos de los puertorriqueños?”
Martínez Orabona: “Yo no te puedo decir de un solo evento, porque mi vida entera está enraizada aquí. Desde la crianza con mis abuelas en Villa Prades y en Barrio Obrero; con mi comunidad en Colinas Verdes en Río Piedras; desde mi trabajo estudiantil como universitaria, tanto en la IUPI (Universidad de Puerto Rico en Río Piedras) como en la Inter (Universidad Interamericana), donde hice mis estudios de Derecho. Mi tiempo como activista con Amnistía Internacional, siendo incluso estudiante…Han sido muchos los eventos. Yo siento que nuestras luchas son compartidas en otras partes del Caribe. Y aquí, uno de los eventos más importantes en mi vida profesional y personal fue cuando yo conocí a Sonia Pierre. Era una gran mujer, defensora de los derechos humanos, dominico haitiana, y ella me enseñó muchísimo de lo que hoy sé, del coraje que como mujeres a veces se nos niega tener para hacer valer nuestros derechos. Su presencia en mi vida fue transformadora; pero también lo ha sido Modesta (Irizarry), la lideresa de Loíza; también lo ha sido Ray (Alma), presidente de los pescadores de la Villa Pesquera de Aguadilla; Zaida (Torres), lideresa de la Alianza de Mujeres Viequenses que lleva una lucha de toda la vida en contra de la contaminación ambiental; también Ruth Santiago, una lideresa increíble de la zona costera sur de Puerto Rico en contra de la contaminación energética. A mí me precede un montón de gente que ha dado su vida en las luchas por nuestro país…”
El Diario: “A ACLU se le reconoce mucho por el activismo en la lucha por la salida de la Marina de Vieques, la protección de los derechos de los manifestantes y demás; yo le pregunto, ¿hasta qué punto, bajo su dirección, ACLU se va a enfocar en la lucha en la calle, la protesta?”
Martínez Orabona: “La ACLU de Puerto Rico tiene un historial de acompañamiento, de denuncia y de presencia continua en defensa del derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión. Eso es algo característico de ACLU en Puerto Rico. En todas las protestas, en todas las manifestaciones críticas que se han dado en nuestro país, la ACLU siempre ha estado presente. Es una de las organizaciones más consecuentes en ese tema, sobre todo porque fue la organización bajo la dirección del presidente anterior, William Ramírez, que impulsó la reforma policial. Precisamente, porque uno de los temas era el abuso policial en contra de las expresiones de protesta en este país que, lamentablemente, continúan. Así que la ACLU va a seguir haciendo ese trabajo”
La reforma contra el abuso policial en Puerto Rico y el monitor federal
El Diario: “Hablemos de eso, porque ese ha sido un tema bien esencial de ustedes. Tras el acuerdo del Departamento de Justicia federal con el gobierno de Puerto Rico en el 2013, se estableció un monitor federal que está vigilando esa reforma. ¿Qué seguimiento ustedes le han dado?, porque ustedes hicieron un informe extenso que confirma el patrón institucional de abuso y violencia policial”
Martínez Orabona: “Ese informe del que hablas fue ‘el informe’ que dio la voz de alerta al Departamento de Justicia federal para que interviniera y se presentó una demanda que llevó el caso a nivel federal y entonces se llega a un acuerdo que da paso a la reforma policial. La ACLU ha estado presente durante todo el proceso desde antes del 2013 hasta hoy. En gran parte del proceso judicial, la ACLU estuvo participando muy de cerca como amigo de la corte. En este momento, continuamos nuestro trabajo de fiscalización, investigación, análisis y denuncia. Hay varios casos que tenemos ahora mismo activos en contra de la Policía de Puerto Rico. Hay otros que están en este momento inactivos debido a que Puerto Rico está bajo un proceso de quiebra, y eso paralizó algunas de nuestras acciones judiciales en temas de derechos civiles. Pero, continuamos con otros casos adelante. Nosotros estamos en continua comunicación con la oficina del monitor federal y con los abogados del Departamento de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Periódicamente, nos reunimos y enviamos información o solicitamos, que es uno de los grandes problemas que tiene la Policía en Puerto Rico o no recopila información que es necesaria para analizar su actuar o decide no entregarla…Nuestro trabajo en este tema es de todos los días”
El Diario: “¿Y cuál usted cree que podrían ser los puntos más importantes o soluciones a las que se podrían llegar a través de este proceso y en cuánto tiempo?”
Martínez Orabona: “Con mucha honestidad, este proceso ha sido bien desconcertante, porque nosotros no hemos visto realmente una voluntad de cumplimiento de parte de las instituciones estatales; específicamente, todo el aparato de seguridad del Estado en Puerto Rico, no está respondiendo adecuadamente a los requerimientos de ese acuerdo. No lo digo yo, el monitor federal en sus informes ha declarado el incumplimiento en distintas áreas. En ninguna de las áreas tiene cumplimiento total, así que han arrastrado los pies. Pero, además, tenemos nuevas preocupaciones porque la ACLU camina con las comunidades afectadas y oprimidas por la Policía en Puerto Rico, y sabemos de nuevos casos; de un problema serio de persecución y discrimen de comunidades LGBT en Puerto Rico; que no se investiga de manera adecuada los transfeminicidios; un problema serio de violencia contra la mujer, incluso en casos en los que están involucrados son policías o parejas de policías. Así que es bien preocupante. Yo entro a este trabajo con mucha preocupación sobre cómo se está manejando el tema de la reforma policial”
Informe sobre hacinamientos y violencia en las cárceles de Puerto Rico
El Diario: “Otro asunto más reciente son las condiciones en las cárceles de Puerto Rico a raíz del cierre del caso Morales Feliciano. Ustedes también presentaron un informe bien importante no hace tanto, ¿qué implicaciones ha tenido o podría tener este informe en términos de la acción de las autoridades gubernamentales?, porque, por ejemplo, la secretaria de Corrección lo primero que dijo fue que solamente fueron 50 reos los que hicieron las denuncias”
Martínez Orabona: “A mí me parece bien preocupante que la secretaria de un Departamento, su respuesta, sea menospreciar la realidad recogida sobre la vida de 50 personas, que se supone que están bajo su custodia. Ella es la principal responsable de la protección y la salud de esas personas. No podemos olvidar que las personas privadas de libertad tienen tanta dignidad como quien no es privada de libertad. Y es la obligación del Estado asegurarse que esas personas puedan cumplir el tiempo que sea que se les ha designado que tienen que cumplir de esa manera, pero de una forma digna y que les permita rehabilitarse. Eso no está pasando en Puerto Rico, y eso es lo que revela nuestro informe. Lo que revela es que hay un gran menosprecio, y las palabras de la secretaria eso es lo que revelan, un gran menosprecio por la población privada de libertad en Puerto Rico que tiene familia, madres, hijos; que aportan a esta sociedad porque algunos trabajan. Es un menosprecio a la vida misma…Nosotros estamos abiertos a dialogar, a discutir los resultados de ese informe que lamentablemente son ciertos para esos 50 personas que es una muestra. Lo preocupante es lo que no pudimos recoger ahí que puede ser incluso peor, más agravada la situación. Este informe debería dar paso a un diálogo abierto, serio, crítico de qué es lo que está ocurriendo y cómo el Estado lo debe atender”
El Diario: “Estamos en el 2024, y yo la escucho a usted de cómo estos problemas siguen estando tan enraizados en la realidad puertorriqueña, y le tengo que preguntar, ¿hasta qué punto realmente hemos avanzado en la lucha por la defensa de los derechos civiles?, ¿en qué punto estamos?”
Martínez Orabona: “Puerto Rico tiene una historia larga de defensa de luchas comunitarias, sindicales, feministas. Nosotros, nosotras, nosotres sabemos que los derechos no nos lo van a poner en bandeja de plata. Los puertorriqueños y puertorriqueñas lo sabemos. Y sabemos, además, que las instituciones que gobiernan en Puerto Rico están también bajo unos procesos no autónomos de dirección con organismos que han sido impuestos y que limitan también nuestro actuar gubernamental. Y cuándo tú me dices que cómo lo veo, pues lo veo difícil. La lucha en Puerto Rico siempre ha sido difícil, nunca ha sido fácil. Pero, eso no ha sido razón para quitarnos, para echarnos hacia atrás. Al contrario, yo creo que hay una lucha más intensa en este momento de lo que fue por muchos años, y es porque estamos hartos y hartas, porque la situación ya no aguanta más tanto a nivel político como social y económico. Yo sé que estamos en un momento crítico. Yo asumo esta posición en un momento en que se requiere mucha fuerza de carácter, mucha acción y acompañamiento a riesgo de ser criticada…Pero, no nos vamos a echar para atrás. Este es nuestro país y lo vamos a defender y hacer lo que sea que haya que hacer”
El impacto del estatus colonial en los derechos de los puertorriqueños
El Diario: “Hay muchos que plantean que el estatus político implica unas particularidades o unos problemas muy específicos en términos de estas libertades, ¿qué análisis usted hace sobre este particular?”
Martínez Orabona: “Yo creo que eso está más claro que el agua. Ya no creo que haya mucha duda al respecto. Puerto Rico es una colonia, nunca lo ha dejado de ser, y esa situación colonial impide el crecimiento, el desarrollo económico adecuado…Ha afectado nuestra posibilidad de relacionarnos con el resto del mundo…Nuestra economía responde a la de Estados Unidos, y eso implica que haya un inversionismo muy centrado en el neocapitalismo que permite un desarrollo que no es para la gente local. Con este tema de la imposición de la Junta de Control Fiscal para establecer el pago a la rajatabla de una deuda que nunca se auditó. Son todas decisiones tomadas de manera unilateral en EE.UU. por un Congreso que no nos representa, donde nosotros nos tenemos ningún tipo de acción real…Así que sí, claro, la situación colonial de Puerto Rico nos afecta, nos afecta en todos los sentidos posibles”
El Diario: “Usted menciona la Junta de Control Fiscal, ¿qué puede hacer, si algo, la ACLU para defender los derechos de los puertorriqueños ante las imposiciones de esta entidad que se ve como un ente soberano y todopoderoso?”
Martínez Orabona: “La ACLU ya ha participado en varios litigios en contra de la Junta; ha cuestionado su autoridad; ha cuestionado sobre todo el análisis y la doctrina de los Casos Insulares que mantiene sobre Puerto Rico ese sesgo discriminatorio que nos afecta en nuestro actuar, y que lamentablemente continúa siendo la doctrina establecida sobre nuestra relación colonial con EE.UU., donde se establece incluso que nunca hemos tenido soberanía, una cosa muy incorrecta históricamente, contraria al derecho internacional que establece el reconocimiento de la soberanía de los pueblos. Así que esa es la definición del imperio. Pero, la ACLU ha estado denunciando, tanto en litigios, principalmente como amigo de la corte en distintos casos, como fuera del litigio, y lo continuaremos haciendo…Estamos trabajando en un amicus (documento legal) que vamos a presentar y vamos a anunciar en unos días que es un caso en contra de FEMA (Administración Federal de Manejo de Emergencias) y denunciamos el trato que está dando la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico en el manejo de los fondos”
La narrativa racista de los Casos Insulares de la Corte Suprema de EE.UU.
El Diario: “Usted mencionó lo de los Casos Insulares, y ha habido toda una movilización en los últimos meses por esto de que la Comisión de Derechos Civiles de EE.UU. presentó un informe sobre Puerto Rico. ¿Usted ve realmente probable que se puedan revocar estos Casos Insulares?, porque una cosa es la condena y otra la revocación”
Martínez Orabona: “La ACLU siempre ha denunciado la justificación y la narrativa racista que tienen esos casos, que ese es realmente el problema de fondo de nuestra relación colonial. Puerto Rico está en una relación colonial porque hay un estado que decidió que puede tomarnos como propiedad, como objeto suyo y decidir sobre nosotros lo que quiera. Eso tiene problemas a todos los niveles, porque no hay posibilidades que este pueblo que EE.UU. ha tomado como suyo tenga algo que decir sobre su futuro. Es una de las violaciones crasas de derecho internacional en las relaciones entre naciones. En cuanto a los Casos Insulares, pues de eso se trata, son casos racistas, y yo creo que una lectura sencilla de cada uno de ellos, a nadie le queda duda que eso es lo que son. Yo no sé cuánto el Tribunal Supremo federal en estos momentos esté en posición de levantar esos casos, pero el temor que tenemos quienes hemos trabajado este tema, sobre todo, desde la perspectiva internacional que es la mía…es que con Casos Insulares o sin Casos Insulares la situación de Puerto Rico sigue siendo una situación colonial. Entonces, la respuesta no puede ser, necesariamente, solo aceptar que la narrativa de los Casos Insulares es una discriminatoria y racista. Es que el sistema mismo en el que nos encontramos es racista y es contrario a las obligaciones de un Estado que se dice ser democrático. Entonces, tarde o temprano tiene que encontrarse con ese espejo y decidir que va a hacer”
Piden ser observadores en las elecciones del 5 de noviembre en Puerto Rico
El Diario: “Se acercan las elecciones en Puerto Rico. Ya ha habido unos planteamientos de dudas sobre los procesos. Por ejemplo, hemos visto los problemas con lo de la transmisión de los resultados de las primarias que se entregaron más tarde de lo que estaba previsto. Por otro lado, un grupo de expertos internacionales, recientemente, emitió un informe en el que identificó varias fallas que incluyen lo antes mencionado y hasta problemas con la secretividad del voto. ¿De qué manera ustedes van a vigilar esos procesos electorales?”
Martínez Orabona: “Ya nosotros desde la ACLU solicitamos formalmente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que se nos acredite como observadores independientes del proceso electoral. Estamos en espera de esa respuesta. Pero también hemos hecho una solicitud de información porque nos parece que hay una cantidad de información que no tenemos, que no se ha hecho pública y que es necesaria tener sobre los procesos electorales, precisamente sobre esa misión internacional que estuvo en Puerto Rico durante las primarias y emitió un informe donde encontró múltiples fallas al proceso, pero informe que no se ha hecho público…Nosotros lo estamos solicitando a la Comisión como institución, al Contralor Electoral y a la UNIORE (Unión Interamericana de Organismos Electorales) que fue la organización que realizó la misión. Todos debemos saber dónde es que están las fallas”
Situación en Vieques se ha agravado
El Diario: “Sobre el tema de Vieques, ya hace años que la Marina de Estados Unidos abandonó, a raíz de las protestas, esta isla municipio; pero, actualmente, Vieques enfrenta una serie de retos muy particulares. Por ejemplo, desplazamientos; se habla de todo este proceso retrasado de limpieza de los terrenos contaminados por las prácticas de la Marina, y también la falta de servicios médicos. Estamos hablando que incluso el hospital no está habilitado. ¿Qué tienen ustedes en la mira?”
Martínez Orabona: “La situación en la isla municipio de Vieques es bien crítica. Siempre lo ha sido, pero cada vez se agrava más, porque tanto las instituciones locales como las federales han marginado la atención que necesita la isla municipio, y ha actuado de forma tal que cada vez reduce la cantidad de derechos fundamentales que los viequenses pueden disfrutar. Eso ha generado una cantidad de desplazamiento increíble, pero también hay unas políticas locales que están promoviendo la relocalización; el desplazamiento de los viequenses y la usurpación del espacio por personas extranjeras. Esto viene de la mano de unas políticas terribles, nefastas en Puerto Rico; la Ley 60 que ha permitido que se eleven los precios de los terrenos y de las propiedades en la isla y se especule con el sector de los bienes raíces. Las comunidades ahora mismo, las nuevas generaciones, se están viendo ahora mismo en una situación bien apretada, porque quien quiera quedarse en Vieques se le hace muy difícil hallar una vivienda asequible. Pero, persisten los problemas de siempre. La Marina se fue y nos quedamos con la contaminación. El Congreso ha arrastrado los pies con atender su responsabilidad de descontaminar. La Marina nunca ha aceptado reparar a los viequenses y a las viequenses que muchos de ellos murieron o perdieron a sus familiares…La cantidad de enfermedades crónicas provocadas por los químicos y los armamentos tirados, explotados y abandonados continúa afectando la población. Las violaciones que se han dado en Vieques son continuas y se multiplican en cada minuto. Y encima, el Estado, el gobierno local no ha asumido lo que son sus obligaciones mínimas; tener un hospital funcional; que haya un transporte seguro entre la isla grande y la isla nena; que si hay una embarazada, que pueda parir en su tierra…pero no, tienen que moverse a isla grande para poder recibir servicios básicos prenatales y poder dar a luz. Es una situación demasiado angustiosa, pero el abandono del gobierno local y federal es total en el caso de Vieques. ¿Qué va a hacer la ACLU? La ACLU ya está haciendo. La ACLU ahora mismo está en un proceso de determinar un informe que prontamente vamos a publicar sobre las violaciones de derechos humanos en el tema de transporte público y cómo todo ese andamiaje ha afectado la salud de los viequenses. Pero nuestra organización también va a estar acompañando un pleito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Alianza de Mujeres Viequenses que denunció desde el 2013 a nivel internacional la contaminación en la isla de Vieques y los efectos tanto en la salud de las mujeres como en el resto de la población”
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