Un juez federal de Texas ordenó el lunes una pausa temporal en las nuevas protecciones de la administración Biden que permitirían a los cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses un camino hacia la ciudadanía.
La suspensión administrativa emitida por el juez de distrito de EE. UU. J. Campbell Barker se produce después de que 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, impugnaran el programa el viernes en una demanda que afirmaba que la política alentaría la inmigración ilegal.
Uno de los estados que lidera la impugnación es Texas, que en la demanda afirmó que el estado ha tenido que pagar decenas de millones de dólares anuales desde atención médica hasta la aplicación de la ley debido a los inmigrantes que viven en el estado sin estatus legal.
El presidente Joe Biden anunció el programa en junio. La pausa se produce una semana después de que el DHS comenzara a aceptar solicitudes.
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La orden pone el programa en suspenso durante al menos dos semanas mientras continúa la impugnación.
“Las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más atenta de la que el tribunal ha podido permitirse hasta la fecha”, escribió Barker, quien fue nominado al puesto por el entonces presidente Donald J. Trump.
La política ofrece a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin estatus legal, que cumplan con ciertos criterios, un camino hacia la ciudadanía solicitando una tarjeta verde y permaneciendo en Estados Unidos mientras se realiza el proceso. Tradicionalmente, el proceso podría incluir una espera de años fuera de Estados Unidos, lo que causa lo que los defensores de los derechos humanos consideran una “separación familiar”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre la orden.
Varias familias fueron notificadas de la recepción de sus solicitudes, según los abogados que abogan por las familias elegibles que presentaron una moción para intervenir el lunes por la mañana.
“Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora del Centro de Acción por la Justicia, durante la conferencia de prensa antes de que se emitiera la orden.
La coalición de estados acusó a la administración de pasar por alto al Congreso con “objetivos políticos flagrantes”.
El programa ha sido particularmente polémico en un año electoral en el que la inmigración es uno de los principales problemas, y muchos republicanos han atacado la política y afirman que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que han infringido la ley.
Para ser elegibles para el programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen y haber estado casados con un ciudadano antes del 17 de junio, el día antes de que se anunciara el programa.
Deben pagar una tarifa de 580 dólares para solicitarlo y completar una extensa solicitud, que incluye una explicación de por qué merecen la libertad condicional humanitaria y una larga lista de documentos de respaldo que demuestren cuánto tiempo han estado en el país.
Si se aprueba, los solicitantes tienen tres años para solicitar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener autorización para trabajar. La administración estima que unas 500.000 personas podrían ser elegibles, además de unos 50.000 de sus hijos.
Antes de este programa, era complicado para las personas que se encontraban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les puede exigir que regresen a su país de origen, a menudo durante años, y siempre corren el riesgo de que no se les permita regresar.
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