Dieciséis estados gobernados por republicanos presentaron una demanda el viernes para suspender un programa federal que podría dar una vía a la ciudadanía a casi medio millón de inmigrantes sin estatus legal que están casados con ciudadanos estadounidenses.
La coalición presentó una demanda el viernes para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, señalando en documentos judiciales que el gobierno pasó por alto al Congreso para crear una vía hacia la ciudadanía con “fines políticos flagrantes”.
“Esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes”, establece la demanda presentada en la corte federal en Tyler, Texas.
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Bajo el nuevo programa, que comenzó a recibir solicitudes el lunes, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo conocido como “parole in place” que ofrece permisos para permanecer en Estados Unidos, solicitar una tarjeta de residencia legal para inmigrantes y, posiblemente, obtener una vía a la ciudadanía.
Pero tal política ha resultado particularmente polémica en un año electoral en que la inmigración ha sido uno de los temas principales, y muchos republicanos la han criticado al afirmar que se trata básicamente de una forma de amnistía para personas que han violado la ley.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo el viernes en un comunicado que el plan “viola la Constitución y empeora activamente el desastre de inmigración ilegal que afecta a Texas y a nuestro país”.
En la demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, contra el secretario de ese organismo, Alejandro Mayorkas, y contra otros funcionarios del gobierno de Biden, se acusa a la agencia de tratar de conceder permisos “en masa” a cónyuges, lo cual es un abuso de autoridad, según los estados. Los estados también presentaron una moción solicitando que el programa sea suspendido mientras se resuelve la demanda.
En una publicación en la red social X, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, indicó que su estado está impugnando la política vigente porque cree que el gobierno de Biden la “está utilizando ilegalmente de manera sistemática para promover su agenda de fronteras abiertas”.
La organización conservadora sin fines de lucro America First Legal, dirigida por Stephen Miller, exasesor del presidente Donald Trump, actúa como coabogado en la demanda.
El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernandez Hernandez, respondió a los republicanos que “jugaban a la política” y caracterizó la demanda como otra forma de separación familiar.
“Esta demanda busca obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de diez años, a seguir viviendo en las sombras”, dijo Fernandez en un comunicado.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por The Associated Press.
La organización bipartidista de inmigración y justicia penal FWD.us subrayó que el programa cumple con la ley y señaló el momento de la demanda —cuando la vicepresidenta Kamala Harris aceptó la nominación demócrata a la presidencia.
“La única motivación detrás de esta demanda es la crueldad de separar familias y la política burda de esperar que un juez pueda cumplir las órdenes del movimiento antiinmigrante”, aseveró la organización en un comunicado.
Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, calificó el desafío legal como “no sorprendente pero extremadamente decepcionante y cruel”.
“Sin embargo, es importante enfatizar que nada cambia por ahora y el proceso aún está abierto y aceptando solicitudes”, dijo.
Para ser elegibles para el programa, los inmigrantes deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no constituir una amenaza de seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, además de haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense hasta el 17 de junio, el día previo al anuncio del programa, o antes.
Los solicitantes deben pagar una cuota de 580 dólares para presentar su petición y llenar una larga solicitud, donde incluyan una explicación de por qué merecen un permiso humanitario, además de entregar una larga lista de documentos de apoyo que demuestren el tiempo que han permanecido en el país.
La solicitud se presenta ante el Departamento de Seguridad Nacional y, de ser aprobada, los solicitantes tendrán tres años para buscar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener un permiso de trabajo.
El gobierno calcula que unas 500.000 personas podrían ser elegibles, además de cerca de 50.000 de sus hijos.
Antes de este programa, las personas que estaban sin autorización en Estados Unidos tenían muchas dificultades para obtener una tarjeta de residencia permanente para inmigrantes después de contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense. Se les puede pedir que vuelvan a su país de origen, a veces por años, y siempre enfrentan el riesgo de que no se les permita regresar a Estados Unidos.
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