Como un apéndice que ejerce funciones al margen de la ley y de las que es manifiestamente incompetente, calificó hoy el abogado Julio Cury a la Unidad de Bienes Incautados del Ministerio Público. Dijo que desde la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, los bienes incautados han debido ser administrados por la Oficina de Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados (OCABID).
Explicó que esa responsabilidad pasó a ser, conforme a la Ley núm. 60-23, del recién creado Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE), el cual es inoperante porque el mencionado departamento del Ministerio Público los retiene en “palmaria violación a la ley y subvirtiendo el orden constitucional”.
A juicio del reconocido jurista, la custodia ilegal de los bienes incautados por parte del Ministerio Público pone de relieve “la irreverencia de ciertos miembros del Ministerio Público por el Estado de derecho”. Señaló que, por la actuación del Ministerio Público, el Tribunal Constitucional ha manifestado “su más honda preocupación”, llamándolo a la legalidad. Citó como ejemplos las sentencias TC/0715/18, TC/0733/18, TC/0249/19, TC/0290/19, TC/0293/21, TC/0263/23 y TC/0277/24 del pasado día 15 de agosto.
Cury expresó que el principio de legalidad, para los fiscales de la unidad de Bienes Incautados, es “menguante y puramente nominal, ya que su hoja de ruta es ostensiblemente arbitraria, por lo que si el Tribunal Superior Administrativo no endurece su criterio y empieza a condenar solidariamente a los fiscales que incurren en actuaciones y omisiones antijurídicas dolosas o imprudentes, nos exponemos a perecer como Estado de derecho”.
Denunció que los fiscales de la Unidad de Bienes Incautados que dirige Damia Veloz Hernández, se niegan a entregar bienes incautados a personas a favor de las cuales se han dictado sentencias absolutorias o autos de no ha lugar que han adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. “Es un gusto que le han cogido a los bienes incautados que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que preside el Consejo Directivo del INCABIDE, debe reclamar, como manda la Ley núm. 60-23, el traspaso de los bienes que ilegalmente mantiene bajo secuestro el Ministerio Público”, apuntó el jurista.
