El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela certificó el jueves la victoria del presidente Nicolás Maduro luego de un peritaje formal a los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio y sostuvo que las acta de votación difundidas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González, son falsas.
La presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.
“Podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas” de votación, indicó Rodríguez al leer la sentencia.
La intervención del máximo Tribunal, que fue solicitada por Maduro, ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo.
La sentencia “concluye de manera definitiva el recurso contencioso electoral” y “convalida esta sala los resultados “, insistió Rodríguez.
Poco después en su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente chileno Gabriel Boric manifestó que “hoy el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia”.
El mandatario, de tendencia izquierdista, agregó que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo sólo comparable con el de Siria producto de una guerra”.
La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto “ataque cibernético” que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la magistrada señaló que “se evidenció un ataque cibernético”.
Rodríguez previamente afirmó que la sentencia que se emitiese tendrá carácter de cosa juzgada y será inapelable y de “obligatorio acatamiento”.
Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo no ha publicado hasta el momento las actas con los resultados a pesar de las crecientes exigencias de la oposición y la comunidad internacional para que sean divulgadas detalladamente.
La llamada Plataforma Unitaria —que representa a los principales partidos opositores— ha dado a conocer las actas que, aseguran, muestran que su abanderado Edmundo González obtuvo significativamente más votos que el gobernante.
Varios líderes de la región, incluidos aliados de Maduro como los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, han instado a que se publique el detalle de los resultados electorales como una de las posibles vías para ayudar a solucionar la crisis postelectoral en la nación sudamericana.
Según el CNE, Maduro obtuvo 6,4 millones de votos y González recibió 5,3 millones. Mientras que la oposición afirma haber recopilado registros de más del 80% de las 30.000 máquinas de votación electrónica en todo el país que muestran que González salió victorioso.
El Tribunal anunció que remitirá de manera urgente a la Fiscalía General una copia de la sentencia con el fin que se incorpore a la investigación penal que adelanta para “determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población”. Rodríguez señaló que la acción penal es “en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados” en un sitio web difundido por la oposición, en el que dieron a conocer las actas electorales que mostraban a González como ganador.
Los partidos que postularon a González y que atendieron la citación del tribunal han exigido la publicación completa de los resultados oficiales, mientras el candidato opositor independiente Enrique Márquez introdujo el martes ante el máximo tribunal una recusación contra la magistrada Rodríguez para que sea apartada del proceso. La solicitud “se basa principalmente —aunque no solamente— en la manifiesta vinculación política que ha mantenido y que mantiene con el (oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) PSUV y con el presidente Nicolás Maduro”, indicó Márquez a la prensa.
Rodríguez, como candidata del PSUV, fue electa concejal de Caracas en diciembre de 2018, En 2021, la ahora magistrada asumió la presidencia del Concejo Municipal de Caracas y, en agosto de ese año, fue nombrada alcaldesa encargada luego de la renuncia de la también oficialista Erika Farías.
En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, la nombró magistrada de la Sala Electoral y a comienzos de año asumió la presidencia del tribunal, donde predominan juristas vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.
La oposición también ha expresado su desacuerdo en que el tribunal asuma una potestad exclusiva del CNE.
“La Sala Electoral no puede usurpar las funciones del Poder Electoral y certificar unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la constitución y la ley”, dijo González en las redes sociales.
La constitución venezolana contempla cinco poderes del Estado, incluido el Poder Electoral.
José Simón Calzadilla, dirigente del partido Movimiento por Venezuela, uno de los que respaldaron a González, catalogó de “irregular” el proceso de auditoría del tribunal, donde no se les permitió participar como testigos ni tuvieron acceso al expediente. La sentencia era “absolutamente previsible”, acotó.
“Imagínense el estado de indefensión en que estamos, donde a los partidos no le dieron acceso al expediente donde se dirimió semejante juicio” al tiempo que a los partidos políticos y los candidatos “no se le permitió estar presentes cuando se abrieron las cajas donde están resguardados los instrumentos electorales. Ese es un hecho extremadamente grave”, añadió Calzadilla.
González y la líder opositora María Corina Machado —quien se convirtió en la principal promotora de su candidatura tras ser inhabilitada para ejercer cargos públicos justo después de anunciar su intención de participar en los comicios— se mantienen a resguardo desde hace más de tres semanas, particularmente después que la Fiscalía General, bajo control del oficialismo, abrió una investigación penal en contra de ambos tras la petición que hicieron a los militares y policías para que retiren su respaldo al presidente Maduro.
Mientras González no ha sido visto en público desde entonces, Machado ha participado en un par de manifestaciones en Caracas para exigir respeto a los resultados electorales.
Maduro y otras autoridades del gobierno han exigido públicamente que se aplique la justicia a los dos opositores a los que acusaron de promover las protestas que se registraron en Caracas y otras ciudades del interior luego de que el CNE proclamó la reelección de Maduro para un tercer periodo de seis años.
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