REDACCIÓN.- Un grupo de juristas internacionales presentó este fin de semana una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en la que además exigen acciones inmediatas para detener las constantes violaciones a los derechos humanos perpetradas por el chavismo.
La denuncia documenta una serie de violaciones a los derechos humanos, que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y otros actores vinculados al régimen.
Entre las pruebas presentadas, los juristas afirman que “las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son casos aislados, sino parte de un patrón generalizado y sistemático”.
La denuncia, enmarcada en la investigación denominada ‘Venezuela I’, también subraya que “los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia”.
Los juristas han recabado evidencias contundentes que, según ellos, demuestran un patrón sistemático de abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Además, destacan que las víctimas incluyen “mujeres, discapacitados, personas mayores, indígenas y otros grupos vulnerables”.
En el documento se destaca el rol de diversas instituciones y actores estatales en la ejecución de estos crímenes, señalando la participación directa de altos funcionarios del gobierno venezolano. La denuncia se suma a otras acciones internacionales que buscan responsabilizar a los líderes del régimen por las violaciones de derechos humanos en el país.
La denuncia incluye alegaciones de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido “instrumentalizado para legitimar procesos fraudulentos y mantener el control político en Venezuela”, en complicidad con el régimen.
El documento presentado ante la CPI advierte cómo las fuerzas de seguridad del régimen, junto a los grupos paramilitares chavistas, han intensificado la persecución y represión tanto contra la oposición venezolano como contra la sociedad civil que salió a manifestarse en contra del fraude.
“Los venezolanos se enfrentan a una política de Estado criminal, claramente anunciada por el propio Nicolás Maduro en sus últimos discursos sobre la amenaza de un ‘baño de sangre’ si no era reconocido como el ganador de las elecciones”.
Ante este contexto de violencia y represión, los firmantes solicitan a la CPI la emisión urgente de órdenes de arresto para los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
